BADAJOZ, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
La líder del partido Unidad, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, aseveró hoy que el lehendakari vasco, Juan José Ibarretxe, muestra "un absoluto desprecio al orden constitucional, al democrático y a las instituciones del Estado" por "no respetar" la decisión del Tribunal Constitucional que ha considerado ilegal la consulta que el dirigente vasco pretende realizar en Euskadi.
La diputada, en rueda de prensa ofrecida en Badajoz, recordó que la sentencia del TC establece "con toda claridad" que dicha "consulta sería inconstitucional", por lo que recriminó la actitud del Gobierno vasco y "de los tres partidos que los soportan", PNV,EA y IU, al presentar una demanda al respecto ante el tribunal de Estrasburgo.
Asimismo advirtió que como ya anunciaran al propio Ibarretxe ayer a través de una carta remitida desde UPyD, la formación que dirige esta diputada está dispuesta a "llevar a los tribunales" al lehendakari si continúa gastando dinero público en su empeño de celebrar la consulta.
"Puede ir a Estrasburgo a título particular y pagándose el recurso de su bolsillo", aseveró Rosa Díez, al tiempo que advirtió que su partido les llevará "a los tribunales si emplean fondos públicos en fines no acordes", apostilló.
DISOLUCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE ANV
En otro orden de cosas, la líder de UPyD exigió al Gobierno estatal la "disolución de los ayuntamientos de ANV", a través del artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local, para de este modo "garantizar la seguridad de los concejales", de otras formaciones políticas, y respetar la democracia.
Tras recordar "los gravísimos atentados" ocurridos en los últimos meses y en especial el que acabó con la vida del brigada Luis Conde, Díez exigió al Gobierno que ponga en marcha "todos los instrumentos que le concede el estado de derecho para derrotar a ETA".
Al respecto, recalcó que "hay un instrumento fundamental", para conseguirlo y que es la Ley de Bases de Régimen Local, "que el Gobierno no ha utilizado", según precisó. Para Díez, el Gobierno estatal asumiría "una enorme responsabilidad" de "no actuar en este sentido", ya que recordó que la sentencia del Tribunal Supremo "establece que ANV forma parte de ETA".
REFORMA DE JUSTICIA
Por otro lado, la diputada se refirió a la constitución del CGPJ y a la renovación del Tribunal Constitucional, al considerar que el debate sobre "la reforma de la Justicia es el obsceno reparto del poder que en los altos tribunales están protagonizando el PSOE y el PP".
Asimismo, dijo que lo que se está viviendo estas últimas semanas en torno a los máximos órganos de los jueces es "una burla a la democracia y a los ciudadanos", así como una "demostración del afán de poder partidario" de los dos partidos mayoritarios.
Al respecto, añadió que este hecho pone en evidencia "el desprecio" por parte de estas agrupaciones políticas "a la separación de poderes", que según advirtió "cuestiona de una manera muy seria la propia solvencia del sistema", desde el punto de vista "democrático".
Por ello, indicó que UPyD ya ha planteado ante el Congreso de los Diputados "una modificación de la Ley actual" que regula la composición y funcionamiento de estos órganos judiciales para salvaguardar "la independencia de los jueces" y conseguir que los magistrados no sean "nombrados por ningún partido".
FINANCIACIÓN
En otro momento de su intervención, Rosa Díez, se refirió al debate de la financiación autonómica y criticó que de nuevo se esté enfocando "en la punga entre comunidades ricas y pobres", ya que en su opinión esto demuestra "hasta qué punto" se está "entrando en un proceso de desvertebración del país".
Así, apostilló que existe "falta de cohesión y coherencia" en la negociación sobre la financiación autonómica, que según reiteró "no es un debate, sino una negociación sustentada en apoyos que unos y otros pretenden", en alusión a los diferentes gobiernos autonómicos.
Asimismo, abogó por un modelo que se centre "en la políticas y no en los territorios" para garantizar así los derechos fundamentales de los ciudadanos en igualdad de condiciones, explicó.
Por ello, exigió que en este debate participen las 17 comunidades autónomas, incluida Navarra y el País Vasco, porque a su entender estas dos comunidades "aportan menos de lo que les corresponde a las políticas generales del Estado".
