Sánchez-Camacho achaca a "intereses políticos" la supuesta venta de la grabación de La Camarga con la exnovia de Pujol

Alicia Sánchez Camacho (PP)
EUROPA PRESS
Actualizado: viernes, 1 marzo 2013 15:33

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, apunta a "intereses políticos" y a la intención de hacerle daño la supuesta venta de la grabación de su almuerzo con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola Victoria Álvarez en el restaurante barcelonés La Camarga el 7 de julio de 2010 por parte de detectives de la agencia Método 3.

En declaraciones a los medios este viernes tras comparecer en el Juzgado de Primera Instancia 21 de Barcelona tras la denuncia que interpuso por supuesto espionaje, Camacho ha esperado que "los responsables, no sólo de esta grabación sino de haberla vendido, asuman sus consecuencias".

Amparándose en que la causa está bajo secreto de sumario se ha negado a responder preguntas de los periodistas sobre la comparecencia ante la juez y se ha limitado a decir que confía "plenamente" en las Justicia y en la Policía para que se aclare cuanto antes lo que ha definido como trama de espionaje.

Según han explicado fuentes judiciales, la líder popular ha ratificado en la vista judicial la denuncia presentada, y en la misma sesión han comparecido como testigos Álvarez y el responsable legal del restaurante --estos dos han salido por una puerta secundaria para evitar a los medios de comunicación--.

Tras escuchar a las partes en la vista de este viernes, ahora la juez debe decidir qué medidas cautelares adopta; especialmente, si prohíbe difundir la grabación del almuerzo como había pedido Camacho, según las mismas fuentes.

La semana pasada, después de admitir la demanda de la líder popular, la juez ya aceptó reclamar a la empresa de detectives Método 3 su Libro de Registro, por "el temor fundado de destrucción de elementos probatorios".

Además de esta demanda por vía civil, hay otra por vía penal de la que se encarga el Juzgado de Instrucción 14 de Barcelona, y que también investigan los fiscales anticorrupción Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo.