MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, iniciará la próxima semana una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para tratar de sumar una amplia mayoría que apoye los dos proyectos de ley sobre regeneración democrática enviados al Congreso: las nuevas medidas de control económico de los partidos políticos y la regulación de la figura del alto cargo de la Administración del Estado.
Así lo ha anunciado la propia vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. Sáenz de Santamaría no ha querido detenerse en la falta de acuerdo puesta de manifiesto esta misma semana, tras el Debate sobre el estado de la Nación, para consensuar una propuesta de resolución sobre este asunto.
Según ha subrayado, no hubo votos en contra, se sumaron al acuerdo PNV y CiU y lo importante es "el futuro". "Lo importante es cómo vamos a trabajar en el futuro", ha recalcado la vicepresidenta, para anunciar que esta próxima semana iniciará los contactos con la oposición parlamentaria.
Su intención, ha dicho, es establecer con los grupos un calendario de trabajo, para recibir propuestas o decidir si se aprueba la comparecencia de expertos. En definitiva, abrir un "procedimiento parlamentario amplio" al estilo del que se siguió para aprobar la Ley de Transparencia.
La vicepresidenta ha insistido en su interés por que ambas normas sumen el mayor número posible de votos; en el caso de la ley de control económico de los partidos, porque es a ellos mismos a los que se les aplicará, y en el de la ley de altos cargos, porque es una norma que afectará al Estado más allá de la presente legislatura.
PLAN DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA
El Gobierno ha planteado un proyecto que reformará a su vez otras leyes, como la de financiación de los partidos, para incrementar el control económico de las formaciones políticas, el rendimiento de cuentas al que están obligadas, la responsabilidad de sus gestores o para limitar las donaciones que reciben, así como la condonación de deudas por los bancos.
En cuanto a la ley sobre altos cargos de la Administración, la norma establece también exigencias sobre la elección y el trabajo de estos empleados del Estado, sus condiciones laborales y su salida del cargo.
