PALMA DE MALLORCA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ex concejal de Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, acusado de la presunta malversación de más de 52.583 euros públicos, se valió de su derecho a la última palabra en el juicio donde se le ha juzgado por este delito para dirigirse al tribunal del jurado "como drogadicto y no como culpable, que lo soy", afirmó, y transmitirle que "he vivido engañado debido a la drogadicción ya que tenía un perjuicio y pensaba que lo podía dejar", toda vez que manifestó que "mi verdad es sincera porque se basa en hechos reales y es que mi voluntad nunca fue la de apropiarme de dinero público".
Así lo puso de manifiesto, entre lágrimas y visiblemente emocionado, justo antes de que el juez que preside el tribunal del jurado declarase por concluido el juicio, tras el cual el jurado popular deberá deliberar y emitir su veredicto. La Fiscalía rebajó ayer su petición de pena a tres años y medio de prisión así como a ocho años de inhabilitación absoluta por el supuesto delito continuado de malversación.
Previamente a que De Santos tomase la palabra, su abogado, José Ignacio Herrero, José Ignacio Herrero, manifestó durante la exposición de los informes finales, que se reanudó hoy después de que el juicio fuese suspendido ayer por el cansancio físico y psicológico del acusado, que "puede ser que De Santos fuese más ciego que un piojo" o si "debido a su estado" le dio la cartera a los encargados del local de alterne Casa Alfredo para que cargaran a su tarjeta los servicios del establecimiento "sin tener ningún reparo", pero "no significa que no haya reconocido los hechos, y cuesta bastante admitir una cosa así con lo que conlleva y porque con estos temas, los periódicos son tela marinera".
Haciendo un repaso a las tres atenuantes que alega -drogadicción, reparación del daño y confesión- el asistente legal del acusado incidió respecto a la adicción -no aceptada por la Fiscalía, al igual que la confesión- que ofrece cuatro posibilidades para que este atenuante "tenga relevancia" en este proceso "y no estoy pidiendo que por ello se le exima de la responsabilidad criminal para su absolución, ya que no me lo creería ni yo". En su opinión, la intoxicación de De Santos "no era plena, pero había intoxicación, por lo que debe concurrir este atenuante".
"Decir que la drogadicción no es una enfermedad sino un trastorno es como negar que el sida es una enfermedad, y es algo que insulta a la razón porque se trata con ligereza esta cuestión", agregó al respecto el abogado, añadiendo que De Santos "no padece ningún trastorno sexual" y que los forenses "lo hubieran detectado si hubiera pasado horas y horas practicando sexo". "Doce horas practicando sexo sin droga, ¿alguien se lo cree?", espetó.
Asimismo, respecto a la reparación del daño, atenuante que según el Ministerio Público sí concurre en este caso, Herrero defendió que en menos de 24 horas su patrocinado reintegró los más de 50.000 euros malversados y "eso es muy complicado", y en este sentido aseveró que "desde Roldán, ¿quién ha devuelto el dinero?".
En referencia al arrepentimiento, apuntó que cuando De Santos reconoció los hechos el procedimiento lo había iniciado la Fiscalía, que presentó una querella el 12 de marzo de 2008, pero "aún no se había iniciado el proceso judicial". Al mismo tiempo, destacó el hecho de haber enviado a la alcaldesa una carta para confesar los hechos el 13 de marzo, anterior a que se incoase el procedimiento judicial, ya que "la alcaldesa también es autoridad", pese a que el fiscal, Juan Carrau, aseverase ayer que la alcaldesa "no es una autoridad judicial".
Profundizando sobre el escrito de conclusiones definitivas, el fiscal, en su escrito de calificación provisional, dijo que "al parecer" ha sido devuelto el gasto en Prometeo cuando "efectivamente ha sido reintegrado" y recordó asimismo no estar de acuerdo con el ticket de 17 euros en el SYP del Portixol, algo que "no considero malversación"; y respecto a los gastos efectuados en El Corte Inglés "no se hicieron investigaciones", pese a que la Fiscalía incluye en su escrito definitivo un gasto de 754 euros en la superficie comercial.
Además, el abogado atribuyó a un "mero capricho" la inclusión "de unos gastos y no de otros" y recriminó que el fiscal que "mira las cosas de forma inquisitiva y no con normalidad". Toda vez, manifestó que el ex edil abonó cantidades del erario público "pero siempre" menores a 4.000 euros por lo que pidió que no se aplique un delito continuado de malversación. Es por ello que consideró que "hay que condenarlo pero por lo que ha hecho".
