Los secretarios judiciales advierten al Ministerio que la falta de diálogo puede hacer fracasar la Nueva Oficina Judicia

PALMA DE MALLORCA, 4 (EUROPA PRESS)

Los secretarios judiciales han advertido al Ministerio de Justicia de que la falta de negociación y diálogo y la "discriminación profesional, retributiva y estatutaria" hacia este colectivo puede convertir en un "fracaso" el despliegue de la Nueva Oficina Judicial.

Esta es una de las conclusiones aprobadas por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) durante las XXIV Jornadas de la Fe Pública Judicial, celebradas desde el pasado miércoles en Palma de Mallorca y clausuradas esta tarde por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Dorado, y el director general de Modernización del Ministerio de Justicia, José de la Mata.

Durante estos tres días, los fedatarios públicos han debatido sobre la situación del colectivo y el cambio hacia un nuevo modelo organizativo. En sus consideraciones finales, han lamentado el "olvido" por parte del departamento que dirige Francisco Caamaño respecto a la "alianza estratégica" con los secretarios judiciales.

En su opinión, la "negación" de la "necesaria implicación" de este colectivo en el despliegue de la Nueva Oficina Judicial "no sólo no solucionará las actuales carencias de la Administración de Justicia", sino que puede "convertir en un fracaso el cambio" al nuevo modelo.

Según los secretarios judiciales, prueba de ello ha sido la aprobación "sin negociación" por parte del Gobierno de disposiciones "tan importantes" como el Real Decreto de Puestos Tipo, el borrador de Orden Ministerial de relaciones de puestos de trabajo, o la instrucción sobre aspectos de las nuevas competencias del colectivo, además del "olvido ministerial de la problemática de los compañeros de la tercera categoría" o el "agravio" en su régimen disciplinario.

Los secretarios judiciales han insistido así en la importancia de que la Administración Judicial aproveche el capital humano con el que cuenta y, en concreto, la "posición privilegiada" de los fedatarios públicos y han vuelto a pedir al Ministerio de Justicia "participación, diálogo, negociación y consenso en las medidas que incluye todo el proceso de modernización".

MODERNIZACIÓN, CON CRISIS MÁS QUE NUNCA

Además, han defendido la necesidad de abordar las difíciles circunstancias de crisis económica no como un impedimento para el "imprescindible proceso de modernización de la Administración de Justicia", sino como una "oportunidad para que todos los colectivos implicados" le hagan frente "decididamente, con esperanza, ilusión, imaginación, creatividad y audacia".

En concreto, la tercera de sus conclusiones advierte de la necesidad de que se emprendan "ya sin demora" las reformas legislativas necesarias para facilitar la incorporación de las nuevas tecnologías a la Administración de Justicia, ya que éste es uno de los "ejes estratégicos" del proceso de modernización que contribuirá a la prestación de un servicio público de calidad.

En este campo, también han recalcado la necesidad de desarrollar la formación, participación, implicación y fomento, por parte de los secretarios judiciales, del diseño y utilización de las nuevas tecnologías y, especialmente, los sistemas de gestión procesal, así como el establecimiento de canales permanentes de comunicación, que permitan la mejora práctica de estas tecnologías.

Han aprovechado por advertir de que el Sistema Integrado de Registros al Servicio de la Administración de Justicia (SIRAJ), que parecía un "instrumento de gran utilidad" continúa "16 meses después y próximo al fin de la moratoria para que fuera compatible con los distintos sistemas de gestión procesal" adoleciendo de "su principal defecto", es decir, que en vez de "facilitar" la tarea de los trabajadores de Justicia, les "incrementa la ya de por sí excelsa carga de trabajo.

Finalmente, los secretarios judiciales han defendido también en sus conclusiones finales la importancia de la mediación y la conciliación como "métodos autocompositivos de solución de conflictos" que ya han sido reconocidos por "todos los responsables políticos y operadores jurídicos" como un "cauce idóneo para la resolución ágil y rápida de conflictos" y para la agilización de la Administración de Justicia.

Y han recordado la "posición privilegiada" que en este marco ocupan los secretarios judiciales, cuyo aprovechamiento para la resolución no contenciosa de conflictos puede revertir en un "considerable ahorro de costes". A su juicio, la creación de servicios comunes procesales de conciliación a cargo de los fedatarios públicos debe ser el instrumento "imprescindible" para una gestión eficiente de los recursos públicos en esta materia.