El sector público autonómico mantendrá 1.718 entes tras el proceso de reestructuración, un 28,5% menos que en 2010

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proceso de reducción del sector público autonómico supondrá el cierre de 686 entes y el mantenimiento de otras 1.718, entre consorcios, empresas, fundaciones y otras instituciones repartidas por todas las comunidades, un ajuste del 28,5 por ciento del sector existente en julio de 2010.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha presentado el informe sobre este proceso de reordenación con datos de octubre de 2012, los últimos de los que dispone. Todas las administraciones se comprometieron en 2010 a reducir su sector público y el año pasado acordaron ampliarlo y acelerarlo, para concluirlo en diciembre.

Para ello, se establecieron unos objetivos, cuyo cumplimiento supervisa Hacienda. El plan supondrá el cierre de 264 consorcios (el 40% de los existentes en 2010), de 211 empresas (31,5%), de 138 fundaciones y entidades sin ánimo de lucro (23%), así como 73 organismos autónomos, entes públicos y entidades públicas empresariales (15,4%).

Hasta el pasado octubre, los gobiernos regionales habían reducido el 38,38 por ciento del total previsto, 229 empresas de las 686 comprometidas, mientras que otras 248 se disolvieron después de esa fecha o están en proceso de liquidación.

Por comunidades, los mayores cumplimientos a esa fecha de octubre de 2012 los registraron Extremadura (100%), Navarra (74,2%), Castilla-La Mancha (69,6%), La Rioja (66,7%) y Galicia (60%).

SECTORES Y REDUCCIÓN DE EMPLEO

El informe clasifica también estos entes destinados a desaparecer por la actividad que desarrollan. Un 20 por ciento se dedican a la administración pública, otro 13,2 por ciento se centra en actividades sanitarias y de servicios sociales; el 7,1 por ciento, a actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; un 8,6 por ciento, a la construcción; el 9,2, a actividades profesionales, científicas y técnicas; un 4 por ciento al suministro de agua, saneamiento, residuos y descontaminación; y otro 3,3, a educación, entre los principales conceptos.

Además, se calcula que supondrán la eliminación de 5.863 empleos, aunque este dato se ha logrado a falta de los correspondientes al País Vasco, Galicia, Extremadura y Cataluña. Del resto de comunidades, el mayor recorte lo aporta Castilla-La Mancha (2.395 empleos en casi medio centenar de entes), seguida por Andalucía (905 puestos en más de cien entidades), y de la Comunidad Valenciana (695 empleos de 63 entes).

Según los datos facilitados por Hacienda, el coste anual de todos estos empleos eliminados es de unos 129 millones de euros. Y el ahorro global que la desaparición de estas empresas supondrá con respecto a un ejercicio ordinario roza los 560 millones.