PP pide una reforma en profundidad de la ley reguladora del Tribunal de Cuentas y de la gestión y financiación de gobiernos locales
MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Senado instó hoy al Gobierno por unanimidad de todos los grupos a que convoque a las fuerzas políticas con representación parlamentaria para la firma de un "gran acuerdo social y político" contra la corrupción, "por la transparencia y la integridad", en el que se recojan las reformas legislativas necesarias y medidas concretas que se deberán desarrollar en todo el país.
En una enmienda transaccional acordada por todos los grupos de la Cámara Alta a raíz de una moción presentada por la senadora de UPN, María Caballero, se considera "imprescindible" cumplir con las resoluciones de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas en relación con el informe de fiscalización de los estados contables de 2005 de los partidos políticos.
Concretamente, estas resoluciones de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas piden a los partidos que posibiliten sus registros contables a la "máxima transparencia" en relación a las aportaciones privadas para poder verificar el origen y el cumplimiento de los límites legales establecidos.
También solicitan que se revisen las condiciones de las deudas contraídas con las entidades de crédito, ya vencidas pero pendientes de pago, y que se registren en sus estados financieros las obligaciones que pudieran derivarse de dichas operaciones.
Asimismo, piden que no se puedan recibir donaciones por parte de empresas que contraten con la Administración del Estado o cuya principal actividad se corresponda con la obra civil, promoción o venta de viviendas.
El Senado también insta al Gobierno a exigir a los partidos que estén al corriente de sus obligaciones fiscales, tributarias, laborales y financieras para poder ser beneficiarios de las ayudas del Estado, así como establecer unos límites de endeudamiento a los partidos en función de parámetros relativos a su implantación, su volumen o cualquier otro que se acuerde en el marco del pacto.
ENDURECER LAS CONDENAS
Por otro lado, los grupos parlamentarios en la Cámara Alta solicitan que se endurezcan las condenas en los delitos y conductas delictivas relacionadas con dinero público en los que estén implicados cargos y empleados públicos, por lo que piden la reforma del Código Penal en este sentido.
Además, instan al Ejecutivo a reforzar la transparencia en los procedimientos administrativos de contratación, prohibiendo expresamente en todos los contratos públicos que "el sobre con el contenido económico se abra sin haber sido valorada y publicada la oferta técnica".
Por último, la moción aprobada esta tarde en el Senado solicita que, con el objetivo de "agilizar las fiscalizaciones de las cuentas de los partidos políticos", el Gobierno dote al Tribunal de Cuentas de los "recursos necesarios".
Mientras que la senadora Caballero y el portavoz del Grupo Mixto, Francisco Javier Tuñón, destacaron la importancia de esta moción porque, según la primera, "está en juego todo el sistema democrático" por los efectos de la corrupción en las administraciones públicas, los parlamentarios Joseba Zubia, del PNV, y Ramón Aleu, del PSC, apoyaron el texto, pero destacaron que aunque la corrupción es una "lacra" que mancha a todos los políticos, la "inmensa mayoría" de los cargos públicos son "honestos".
El senador socialista Arcadio Díaz subrayó que la futura Ley de Gobierno Local, cuyo anteproyecto está siendo elaborado por el Ejecutivo y previsiblemente llevado a las Cortes este semestre, podrá incorporar "nuevas técnicas de lucha contra la corrupción" y de este modo "afilar y engrasar los medios de supervisión interna y externa".
A este respecto, el Grupo Popular consideró necesario un cambio que vaya más allá, extendiéndolo a la reforma del Código Penal para endurecer las condenas por corrupción, la reforma de la Ley de Haciendas Locales para asegurar una "financiación suficiente" de las corporaciones locales, un cambio en la Ley de Gobierno Local para introducir "controles de evaluación", una reforma de la ley reguladora del Tribunal de Cuentas, una reforma de la ley de contratos del Estado, así como una reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos.
