PONTEVEDRA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificó la orden de demolición de una decena de viviendas ubicadas en el poblado gitano de O Bao, en el municipio pontevedrés de Poio.
Hace tres años y medio el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Pontevedra dictó la sentencia que ordenó el derribo de esas edificaciones, por carecer de licencia y resultar ilegales.
Los propietarios de las viviendas recurrieron el fallo y ahora el TSXG reitera, en sentencia firme, que "para reponer la perturbada legalidad urbanística no existe otro medio más que la demolición". El fallo añade que "los problemas sociales tienen que ser resueltos adoptando medidas de esa naturaleza".
No obstante, el alcalde de Poio, el nacionalista Luciano Sobral, se preguntó en qué consisten y quién va a aportar esas medidas sociales, ya que el proyecto que impulsa el ayuntamiento para el realojo de los afectados en viviendas sociales se está desarrollando "con mucha lentitud" y esta orden de demolición es inmediata.
La presidenta de la Asociación de Vecinos de O Bao, Carmen Esperón, que desde hace años lucha por erradicar el chabolismo de la zona, expresó su satisfacción por la sentencia, aunque lamentó que este tema se dilatase tanto en el tiempo porque "contribuyó a deteriorar aún más las relaciones entre payos y gitanos".
Por su parte el abogado de la asociación, Fernando Fidalgo, calificó la sentencia de "impecable e implacable" y opinó que la decisión del TSXG de imponer las costas de los recursos de apelación a quienes los interpusieron, va a resultar "muy revelador".
INSOLVENTES
"Si los afectados por los derribos se declaran insolventes están reconociendo que no tienen propiedades y, por tanto, el ayuntamiento no les puede expropiar unos terrenos que no son suyos", argumentó el abogado, contrario al proyecto municipal de realojo del colectivo gitano en la misma zona de O Bao.
"Si por el contrario pueden asumir las costas, habrá que analizar cuál es su nivel solvencia, para valorar la posibilidad de adquirir una vivienda social", concluyó el letrado.
