Reconoce que los trabajadores de Seseña "tienen derecho a exigir un puesto de trabajo y manifestarse"
TOLEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La portavoz en materia de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular, Marina Moya, consideró hoy ante la construcción de 13.500 viviendas incluidas en el PAU de 'El Quiñón' de Seseña (Toledo) que si el consejero de Vivienda y Urbanismo, Alejandro Gil ampara pelotazos urbanísticos y no cumple con su responsabilidad de hacer cumplir la ley, lo tiene "muy fácil" y lo que tiene que hacer es "marcharse" y que otra persona capaz de aplicarla lo haga.
En rueda de prensa, Moya, que afirmó que cuando la Fiscalía Anticorrupción admite un asunto es "por que algo hay" y "cuando el río suena, agua lleva", aseguró que el consejero debería "no sólo explicar, sino asumir su responsabilidad" y por encima de él, quienes han estado "consistiendo y procurando" hacer posible que haya un promotor "que construye de esta manera".
Así, instó al Gobierno regional a "cumplir con su obligación" y actuar conforme a la LOTAU, que en los casos en los que en un Ayuntamiento sin medios "asuma la responsabilidad" no sólo en la gestión sino en la supervisión, y que en los proyectos en marcha como el caso de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), supervise y controle su aprobación.
Abogó asimismo por que la Consejería de Medio Ambiente extreme la inspección y vigilancia ya que el desarrollo urbanístico ha de ser compatible con la defensa del medioambiente, y pidió que "no se sea oscuro" y se hagan públicas "de una vez" las actuaciones de Seseña, no ralentizando el trabajo a la oposición.
"Si no hay nada" y todo está "bien hecho" como dice el presidente regional, José María Barreda, afirmó Moya, deberían haber entregado la documentación, y por ello, consideró que se intenta "echar balones fuera" y las culpas "a los demás" en lugar de haber controlado desde el principio el desarrollo y aprobación del PAU de Seseña.
Así, el Gobierno regional "toma el pelo" al PP y a los ciudadanos de Castilla-La Mancha y pretende "mirar a otro lado", criticando que no cumple con las competencias que por ley tiene asignada en materia urbanística. "No le interesa que se conozcan las actuaciones en las que de alguna manera haya habido información privilegiada o hayan ayudado desde la propia Consejería para que se haga más rápido", dijo.
Recordó que desde el pasado 16 de octubre, fecha en la que el PP solicitó la documentación completa del expediente de 'El Quiñón' referida también al PEI y no sólo a la actuación urbanizadora, el Partido Popular aún no ha recibido ningún documento, por lo que el Gobierno regional "lo que hace permanentemente es dificultar la labor de control de la oposición".
LOS TRABAJADORES, CON DERECHO A PEDIR
Han pasado cinco meses, insistió Moya, desde que el PP comenzara a pedir información sobre el PAU de 'El Quiñón' y "las cosas en Seseña cada día están poniéndose cada vez peor" y en este sentido, afirmó que los trabajadores de Seseña "tienen derecho a exigir un puesto de trabajo y manifestarse".
La Ley de Suelo, recordó, no solo tiene competencias para establecer medidas correctoras, sino para inspeccionar y "no dar licencias" para evitar macrourbanizaciones de este tipo, ya que lo que hace es consentir "barbaridades". El Gobierno regional centra la batería de acusaciones en el Ayuntamiento de Seseña, cuando "las competencias máximas las tiene la Junta de Comunidades".
AGUA SUFICIENTE
Asimismo, en relación a otros casos que están apareciendo en la región, se refirió a la actuación en Argamasilla de Alba (Ciudad Real), donde no hay informes técnicos que aseguren que haya abastecimiento de agua suficiente para dar servicios a los vecinos que vivirán allí.
Sobre la petición del PP del expediente de la construcción del edificio de la actual Consejería de Obras Públicas, situado en la Vega Baja, criticó que no se ponga a disposición de la oposición por ser "extemporáneo", preguntándose si es así o "porque en aquel momento quién gobernaba en Toledo era el PSOE".
Por último, dijo de los que hablaban de "los bolsillos de cristal", en referencia al ex presidente regional, José Bono, que para que éstos lo sean de verdad habría que hacer públicas todas las facturas y el coste que supuso la construcción de la hípica de Bono, donde "el responsable de la empresa Onde 2000 trabajó".
