De las siete personas que han ingresado en prisión, cuatro son miembros del PIL, uno es un socialista expulsado del partido y los otros dos, empresarios
ARRECIFE (LANZAROTE), 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
La 'Operación Unión', que salió a la luz pública el pasado lunes 25 de mayo y que investiga una supuesta red de comisiones ilegales a empresarios en Lanzarote, se ha saldado hasta el momento con 20 detenidos, de los que el juez ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de siete personas y otras 13 ha sido liberadas, aunque todas con cargos. Cuatro de los encarcelados son miembros del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), otro es un socialista expulsado de dicha formación y dos son empresarios lanzaroteños.
El juez del Juzgado de Instrucción número cinco de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, ha imputado a todos los implicados un presunto delito de cohecho (soborno), aunque al líder histórico del PIL, Dimas Martín, al que se acusa de ser el cabecilla de la presunta trama de corrupción en Arrecife --donde gobernaban PSOE y PIL hasta que la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE consideró roto el pacto con los pilistas el mismo día de estallar el caso y el cese de los encausados--, también se le imputa un supuesto delito de tráfico de influencias, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.
La operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios cuyos intereses económicos dependen en buena medida de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y ex cargos públicos de a la organización, como son el pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos, concesión de licencias, entre otros.
El primer encarcelado fue el ex vicepresidente del Cabildo, Segundo Rodríguez, que entró en la cárcel de Tahíche el pasado jueves. Había sido detenido el lunes en su domicilio y horas después era expulsado del PSOE de manera cautelar e inmediata.
Durante la madrugada del viernes al sábado el juez decretó el ingreso en Tahíche de Matías Curbelo, mano derecha de Dimas Martín y asesor del Patronato de Turismo del Cabildo de Lanzarote. Había sido detenido el lunes por la mañana, cerca del céntrico restaurante arrecifeño La Tavernetta, y supuestamente está relacionado con el intercambio de 100.000 euros que inició la operación.
También los dos concejales del Ayuntamiento de Arrecife detenidos el pasado lunes en el Consistorio capitalino ingresaron el sábado en prisión. El edil responsable del Plan General de Ordenación Urbana, Ubaldo Becerra, declaró el viernes durante gran parte del día, tras lo que el juez consideró que había suficientes pruebas para encarcelarle. La misma decisión se tomó para el concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez. Ambos pertenecen el Partido de Independientes de Lanzarote. No en vano, la Guardia Civil también investiga una supuesta manipulación de la adjudicación del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife.
Durante el sábado declaró en los juzgados el presidente honorífico de esta formación política, Dimas Martín. Romero le envió de nuevo a prisión, donde ya cumple una condena de 8 años por el caso del Complejo Agroindustrial de Teguise. El líder insularista está acusado de cohecho --como el resto de encarcelados-- y también de tráfico de influencias.
DOS EMPRESARIOS
Los dos empresarios encarcelados hasta el momento son el promotor Luis Lléo y el miembro de la Cámara de Comercio Fernando Becerra. Luis Lleó fue detenido en Tarragona el pasado jueves y trasladado a Lanzarote al día siguiente. La Guardia Civil le considera el principal implicado de la segunda fase de la 'Operación Unión', que se centra en el municipio de Yaiza, donde gobierna Coalición Canaria y PIL.
Lleó, cuya promotora Nexar fue registrada el jueves por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, podría haber ofrecido comisiones presuntamente ilegales a un consejero del Cabildo de Lanzarote y a varios empresarios, vocales del Pleno de la Cámara de Comercio, a cambio de adoptar diversas decisiones en beneficio de sus intereses económicos.
Hoy el juez ha decretado el ingreso en prisión del último encarcelado, Fernando Becerra, miembro de la Cámara de Comercio de Lanzarote y hermano del edil del PIL que también ha sido ingresado en prisión, Ubaldo Becerra. También ha sido acusado de cohecho, como el resto, y formaría parte de la primera fase de la operación.
13 LIBERADOS, ENTRE ELLOS LA HIJA DE DIMAS MARTÍN
Además de estos siete encarcelados por las dos fases de la 'Operación Unión' también hay 13 personas que quedaron en libertad. La primera en ser puesta en libertad fue Elena Martín, hija de Dimas Martín y jefa de Contratación en el Ayuntamiento de Arrecife. Apenas un día después del registro del Consistorio, Martín quedaba libre con cargos que todavía no han sido confirmados oficialmente. Asimismo, el jueves salió María José García Acosta, propietaria del grupo mediático Agustín Acosta, a la que se le acusa de supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Horas después fue liberado Dayrán Muñoz, presidente de las Juventudes del PIL y persona de confianza de Matías Curbelo. Fuentes cercanas al caso aseguran que fue detenido en el mismo momento que Curbelo, cerca del restaurante arrecifeño La Tavernetta. Jorge Álvarez, gerente de la empresa de limpieza Clusa, también salió en libertad el mismo día. Ambos están acusados de cohecho.
El viernes eran liberados el jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, acusado de dar información privilegiada y cometer actividades prohibidas para funcionarios públicos. Arrocha, junto con Segundo Rodríguez, fue expulsado del Partido Socialista horas después de hacerse pública su detención.
Por la noche salió el último liberado de la primera fase de la 'Operación Unión', Alfredo Rodríguez, trabajador del Patronato de Turismo y persona relacionado con el PIL, con el cargo de cohecho.
LIBERADOS DE LA II FASE
La segunda fase de esta operación dejaba nueve detenidos: ocho empresarios y un único funcionario, el secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé. Este trabajador municipal era detenido el jueves a última hora, después del registro del Consistorio sureño, y salía libre el sábado acusado de cohecho.
Respecto a los ocho empresarios detenidos, sólo Luis Lleó está por ahora en prisión. Honorio García Bravo, miembro de la Cámara de Comercio y delegado de Radio Televisión Canaria en representación de CC, salió el sábado en libertad con cargos no confirmados oficialmente.
Antonio Gómez Ruiz, hijo de la concejala de Vivienda en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Chani Ruiz, del PSC-PSOE, fue trasladado el jueves a Lanzarote desde Gran Canaria y quedó ayer en libertad, al igual que Fermín Curbelo, propietario de la constructora Curbelanz. La misma suerte corrió el tesorero de la Cámara de Comercio, Eugenio Romero. Si bien todos ellos están acusados de presunto cohecho.
El viernes la Guardia Civil detuvo a los dos últimos empresarios: Jesús Manuel Martín Brito, propietario de una empresa de fontanería en la localidad de San Bartolomé (Lanzarote), y el constructor Manuel Gregorio Reina, que fue detenido en el aeropuerto de Lanzarote procedente de Gran Canaria. Reina fue puesto en libertad ayer acusado de presunto cohecho, el mismo cargo que pesa sobre Martín Brito, cuyo domicilio y empresa fueron registrados ayer por la noche por agentes de la Benemérita. Martín Brito se convirtió esta mañana en el último liberado de la 'Operación Unión' hasta el momento, que al menos durará una semana más, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que no se descartan futuras detenciones y/o imputaciones.
