El socio de Villarejo niega extorsiones al empresario marbellí y dice que fue una asesoría legal por un millón de euros

Publicado 11/09/2019 13:02:52CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Rafael Redondo, socio del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, ha negado este miércoles en la Audiencia Nacional que se produjera extorsión alguna al empresario marbellí Felipe Gómez Zotano por encargo de una mujer y ha afirmado que lo que hicieron fue prestarle a ella asesoría legal, servicio por el que le facturaron un millón de euros entre 2013 y 2017, según han informado en fuentes jurídicas.

Redondo comparecía hoy ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y la Fiscalía Anticorrupción en relación a la pieza 8 de la macrocausa Tándem, investigado en relación al encargo que la también imputada Marcela Katarzina Nikiel hizo a la mercantil de Villarejo Stuart & Mckenzie para tener ventaja sobre Gómez Zotano en un litigio.

Precisamente, el empresario declaró el martes en calidad de perjudicado y expuso ante juez y fiscales todo un rosario de sucesos que van desde entradas en sus oficinas a robos en su vivienda pasando por amenazas y un aparente intento de secuestro, que atribuye a la red desplegada por Villarejo a cuenta de Nikiel.

Sin embargo, Redondo, abogado cabeza visible de Stuart & Mckenzie y que se encuentra en libertad bajo fianza investigado por su pertenencia a la organización criminal de Villarejo, asegura que no hubo tal persecución y que su labor se limitó a prestar asesoramiento legal a la mujer en las diversas causas judiciales que tenía abiertas contra el empresario.

En este sentido, ha explicado, siempre según las mismas fuentes, que se facturó un millón de euros por aquellos servicios y que en ningún caso se fue más allá de la mera negociación con los abogados de Gómez Zotano, a quienes se elevó una propuesta de acuerdo económico en el conflicto que estaba judicializado.

A continuación de Redondo ha declarado por el mismo asunto el también investigado David Macías, abogado que trabajaba para Stuart & Mackenzie y que elaboró informes sobre el empresario marbellí.

Ha defendido que el trabajo se enmarcó en la normalidad de las tareas de una asesoría legal y que se utilizaron en todo caso fuentes abiertas como el Registro Mercantil para elaborarlo.

Sin embargo, el juez a instancias de Anticorrupción ha imputado por revelación de secretos a tres policías que ya están siendo investigados en otras piezas de la causa por la sospecha de que se prevalían de su condición de funcionarios para proporcionar datos privados de terceros a Villarejo.

Contador