Exculpa a los agentes de custodia en el caso y exige un cambio del sistema para mejorar la coordinación policial y judicial
MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) afirmó hoy que el juez que tomó declaración al presunto agresor de José Luis Moreno, Astrit Bushi, y acordó su libertad provisional, le aplicó un "mero trámite procesal" sin reparar en la "peligrosidad" del preso encausado, por lo que entiende que su señoría "no tenía ni idea de que estaba ante un peligroso criminal o, si lo sabía, actuó con absoluta irresponsabilidad y ligereza".
El sindicato criticó la "apresurada" manifestación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que negaba responsabilidad alguna del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Alcobendas, porque considera que culpa "implícitamente" a los policías que le custodiaban.
Por ello, el SUP exigió hoy un cambio de sistema en la coordinación de los distintos cuerpos policiales y la autoridad judicial en el tratamiento de los detenidos. "Estamos ante un error del sistema, tan obsoleto y arcaico que produce resultados como el que nos ocupa", indicaron
EL PARTE POLICIAL
Así, según el parte policial proporcionada por el sindicato, varios agentes de la Policía Nacional se encontraban realizando labores de custodia en el juzgado de Alcobendas el pasado 31 de marzo. A mediodía, una funcionaria recibió una llamada en el teléfono de calabozos de los juzgados proveniente del Juzgado de Primera Instancia Número 3 (Antiguo mixto número 5) de Alcobendas, en la cual solicitaban que subiera a comparecer el detenido.
La funcionaria respondió que el arrestado no se encontraba allí y que no tenía conocimiento alguno sobre el mismo, por lo que comunicó que informaría a su sala del 091 para que le pudieran facilitar datos sobre el mismo. Allí le indicaron que Bushi no se encontraba en los calabozos de la comisaría y que tampoco había constancia de ningún traslado de detenidos que concordara con el nombre facilitado por el Juzgado.
Siguiendo el parte policial, a las 13.30 horas se personó en dichos juzgados una unidad de la Guardia Civil, que hizo entrega del detenido, que tenía una causa pendiente por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Alcobendas. "Los funcionarios recibieron al detenido, no siéndoles entregada ninguna documentación respecto a éste, ni comunicándoles que el mismo procedía de centro penitenciario alguno, únicamente siendo informados verbalmente por la Guardia Civil, ya que preguntaron a los mismos de que procedía de los Juzgados de Plaza de Castilla", señalaron los agentes.
Entonces, a las 14.35 horas, la unidad policial Zulú-2 relevó a los anteriores agentes del servicio en los juzgados que custodiaron a Bushi. Una vez fue visto en audiencia por el juez, éste les entregó el auto en relación a las diligencias previas procedimiento abreviado 1671/2008, en el que se acuerda "libertad provisional del detenido, con la obligación de comparecer el 1 y 15 de cada mes, así como comunicar cuantos cambios de domicilio verifique".
Los agentes que realizaron la custodia aseguran que ni durante la misma ni cuando les entregaron al presunto agresor de Moreno fueron informados del origen del detenido, ni de la circunstancia de que éste tenía que reingresar a centro penitenciario alguno, "por lo que en vista del dictado en el citado auto judicial se procedió a dar curso a lo que ordenaba el mismo".
El Sindicato Unificado de la Policía considera que estos agentes estaban obligados a actuar conforme al mandamiento judicial "bajo riesgo de incurrir en una detención ilegal, que les puede suponer, sólo por unos minutos de detención, una condena de cárcel e inhabilitación con expulsión definitiva de la Policía, en aplicación del Código penal vigente de 1985". "Es el mismo Código que rebajó la prescripción del delito de encubrimiento de cinco a tres años, lo que permitió la libertad del presunto encubridor de Roció Wanninkhof, Robert Grahan, reforma que todavía nadie ha explicado a qué interés de los ciudadanos obedecía", añadió.
Por todo ello, el sindicato exigió que se establezcan protocolos de actuación y que se forme a los policías actuantes en estos procedimiento para acabar así "con tanto trasiego de detenidos y traspasos entre cuerpos". En ese sentido, propuso la utilización de las nuevas tecnologías y eliminación de los desplazamientos en todo lo posible, "reformando las competencias de los distintos cuerpos para que los funcionarios de prisiones custodien a los presos desde su salida hasta su regreso a la cárcel". "Cualquier cosa menos culpar a los policías actuantes que lo hicieron siguiendo las instrucciones judiciales y sin incumplir ningún protocolo de actuación profesional", apostilló el SUP.
