Critica que se vulneró la Ley y alerta de que podría repercutir en la nulidad de las detenciones y del procedimiento
MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) anunció hoy que estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por autorizar a la Ertzaintza desplazarse el pasado martes fuera del País Vasco --en concreto a Jaca (Huesca)-- para detener al presunto miembro de ETA Igor Martín. Según el sindicato, el magistrado vulneró la Ley al no seguir los procedimientos legales, "que exigen hacerlo a través de la Policía o la Guardia Civil".
"Esta decisión del juez Velasco es ilegal, según nuestro criterio, por lo que los servicios jurídicos del sindicato están estudiando la posibilidad de iniciar acciones legales contra él por incumplir lo dispuesto en la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, disponiendo una actuación policial fuera del ámbito territorial asignado por la ley y pudiendo ello repercutir en la nulidad de las detenciones y del procedimiento", denuncia el SUP a través de un comunicado.
Según dice, "los jueces son los primeros que están obligados a cumplir las leyes. No pueden disponer ámbitos territoriales de actuación para las fuerzas de seguridad distintos a los establecidos por el legislador, que lo hace atendiendo a las competencias y conformación territorial del Estado español".
La detención de este terrorista se produjo en el marco de la operación desplegada por la Ertzaintza contra un 'comando' de legales de ETA que se ha saldado con nueve detenciones y que estuvo dirigida desde el inicio por Velasco.
"Lamentamos también que las autoridades del Ministerio del Interior y del Gobierno Vasco hayan querido presentar el hecho como un acto de colaboración cuando se trató de una orden y una actuación fuera de la Ley", insiste el comunicado.
"CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES"
El SUP explica que "lo procedente hubiese sido negarse al cumplimiento de la misma hasta que ésta hubiese cumplido los requisitos legales establecidos, y estos son que fuera del País Vasco la Ertzaintza debe solicitar la colaboración de las fuerzas de seguridad del Estado, la Policía y la Guardia Civil, y en el caso concreto que nos ocupa, por ser Jaca una plantilla donde está desplegado el Cuerpo Nacional de Policía, de este Cuerpo policial".
"Lo ocurrido es una muestra más de la descoordinación y desorientación política y judicial en la dirección de las distintas fuerzas de seguridad", zanja la nota.
