El Supremo acuerda que sea un juzgado de Leganés (Madrid) el que investigue a los policías que traficaron con dinamita

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha declarado la competencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Leganés (Madrid) en la investigación de la presunta trama de corrupción policial de cuyo conocimiento se inhibió el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo el pasado mes de diciembre. En esta causa están imputadas siete personas, cuatro de ellas policías, por traficar con Goma 2 ECO y por tratar de implicar a una ciudadana rusa en un delito de tráfico de droga.

El auto del alto tribunal, del que ha sido ponente el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez, coincide con el criterio de expresado al respecto por la Fiscalía al señalar que los hechos, pese a desarrollarse en diversas localidades madrileñas (Leganés, Móstoles y la propia capital) deben ser enjuiciados de forma conjunta, dada su conexidad, puesto que "probatoriamente unos se refuerzan con los otros".

La intervención del Supremo en este asunto ha sido necesaria después de que el pasado 19 de enero el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Leganés aceptara investigar sólo una parte de las actividades de esta trama -relativas al tráfico de dinamita cometido presuntamente por varios policías en Leganés el pasado mes de agosto- y rechazara hacerse cargo del resto de la instrucción.

HECHOS CONEXOS.

Según el Supremo, si embargo, "dada la naturaleza de los hechos, el mismo bien jurídico violado y el modo de operar de los agentes nos encontramos ante delitos conexos, debiendo declarar la competencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Leganés".

Este asunto fue inicialmente investigado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que el pasado mes de diciembre acordó el ingreso en prisión provisional de seis de los implicados y días más tarde se inhibió de la instrucción de este asunto.

En su auto de inhibición, Del Olmo explicaba que el presunto delito de colaboración con organización terrorista que se creía que existía "se ha ido diluyendo, y ha surgido la presunta existencia de una trama delictiva, formada por algún miembro de las Fuerzas de Seguridad, que con incumplimiento de sus obligaciones legales, presta su capacidad operativa para presuntos delitos de tráfico de sustancias explosivas, tráfico de drogas y otros".

Según el juez, en el curso de la investigación sobre los explosivos se produjo la ampliación de la instrucción judicial a otro eventual delito, la revelación de secretos con grave perjuicio a la causa pública. No obstante, ninguna de estas conductas son competencia de la Audiencia Nacional, por lo que acabó inhibiéndose en favor de los juzgados de Leganés.

SIETE IMPUTADOS.

Hasta ahora, Del Olmo mantenía a siete personas imputadas en esta causa, cuatro de ellos funcionarios de Policía, y tres civiles. El pasado 6 de diciembre, Del Olmo acordó el ingreso en prisión incondicional de seis de ellos la puesta en libertad bajo fianza de 10.000 euros del séptimo arrestado, el agente de la Policía Nacional Luis López Hidalgo.

Del Olmo atribuyó al Policía Nacional José Luis González Clares, a López Hidalgo y a dos civiles, el matrimonio formado por Manuel Romero Moreno e Isabel García, la comisión de los delitos de tenencia y transporte de sustancias explosivas (que podría alcanzar hasta 5 años de prisión), tenencia de sustancias estupefacientes (hasta 9 años de cárcel) y la detención ilegal de dos personas "que estuvieron privadas de libertad por su comportamiento".

A otro de los presuntos integrantes de la trama, el abogado Gerardo Hermoso Armada, el juez le imputó tenencia de estupefacientes y detención ilegal, mientras que a los dos imputados restantes, los agentes Celestino Rivera y Jesús Parrilla se les acusa inicialmente de revelación de secretos que ha causado grave perjuicio a la causa pública, por la supuesta filtración de datos relevantes de investigación a un medio de comunicación.

Con respecto a Rivera, quien protagonizó un incidente n los calabozos de la Audiencia Nacional, -tras ingerir el contenido de un bote de comprimidos, que tenía en su poder para tratarse una cardiopatía-, el magistrado acuerdó remitir a la prisión "la documentación médica relativa al mismo, asegurando su traslado en adecuadas medidas médicas, y con ingreso en las dependencias del Centro Penitenciario"

Por lo que se refiere al capítulo de tráfico con Goma Dos ECO, el juez detalló en su auto cómo Romero avisó a "José el Moro" de que tenía el explosivo, cuyo traspaso atribuyó a un tal Adolfo Rodríguez, quien estuvo preso por este motivo entre los pasados 15 y 18 de agosto.

Según el juez, existen indicios que apuntan a que parte de dicha sustancia podría haber sido sustraída en junio de 2005 en una empresa que realiza obras en la zona de Colmenar Viejo y Torrelodones (Madrid), mientras que otra parte de los cartuchos podrían haber sido robados en el primero de los pueblos citados en octubre de ese mismo año, aunque también en Villacastín (Segovia) o en la provincia de Barcelona.

En cuanto a la conspiración contra la ciudadana rusa Svetlana M., se trata de la nuera del abogado imputado, quien fue detenida por González Clares y López Hidalgo el pasado 19 de octubre, al serle intervenido un paquete con 950 gramos de cocaína cuando salía de casa de sus suegros, donde viven sus dos hijos.