MENORCA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia absolutoria de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma a siete acusados, entre ellos dos agentes de la Guardia Civil, de un delito contra la salud pública al intentar introducir en Menorca 509,5 gramos de cocaína en el airbag de un vehículo que llegó al puerto de Maó en un barco procedente de Barcelona en diciembre de 2008.
De este modo, el Supremo ha estimado el recurso de casación por infracción del precepto constitucional presentado por el Ministerio Fiscal y obliga a la Audiencia Provincial a repetir la sentencia valorando unas conversaciones telefónicas que fueron anuladas.
En concreto, el Ministerio Público denunció en la apelación la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y expuso que "el auto de intervención telefónica no era nulo, pues era necesaria y proporcionada".
La sentencia hecha pública este miércoles considera que la decisión de solicitar las escuchas no se debía únicamente a la apropiación indebida de un terminal telefónico que se encontraba en depósito judicial, sino que pretendía también indagar un delito contra la salud pública.
En este sentido, cabe recordar que la intervención del teléfono de los guardias civiles acusados partía de una denuncia particular del usuario de un móvil que había sido decomisado por estos agentes, quienes habrían utilizado este terminal de forma indebida hasta reportar al titular de la línea un perjuicio económico de más de 400 euros.
Durante la vista oral celebrada en marzo de 2011, los abogados de los imputados impugnaron la validez de las intervenciones al señalar que éstas fueron autorizadas infringiendo el derecho al secreto de las comunicaciones.
El argumento de los letrados defensores fue finalmente aceptado por el juez de la Audiencia Provincial que decretó la nulidad de las escuchas al determinar que las mismas carecían de contenido y entidad plenamente relevantes.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha absuelto a siete acusados, entre ellos dos agentes de la Guardia Civil, de un delito contra la salud pública tras declarar ilegales las intervenciones telefónicas que en su día fueron decretadas en el marco de estas investigaciones y que probarían la vinculación de los inculpados con los hechos indagados. La Fiscalía pedía para todos ellos un total de 18 años de prisión así como 235.000 euros de multa.
