El Supremo a la espera de si los investigados piden o no más pruebas para poder avanzar hacia el juicio

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

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Una vez rechazadas las recusaciones de los investigados por el 'procés' independentista en Cataluña contra los cinco magistrados del Tribunal Supremo que les juzgarán en los próximos meses esta Sala continúa avanzando hacia la apertura del juicio, si bien aún faltan por solventar varios trámites procesales que podrían retrasar el comienzo de la vista hasta principios del próximo año.

Así lo han señalado fuentes del alto tribunal que concretan que actualmente está pendiente que la Sala de lo Penal otorgue firmeza al auto por el que el pasado 10 de julio el magistrado Pablo Llarena dio por concluida la instrucción de la causa.

En este punto se dio traslado a las partes para que presenten alegaciones manifestando si están o no de acuerdo con el cierre de la fase de investigación o por el contrario reclaman la práctica de nuevas diligencias o pruebas.

FISCALÍA Y VOX NO QUIEREN MÁS DILIGENCIAS La Fiscalía ya ya manifestado su conformidad con la conclusión de la instrucción al igual que Vox, que ejerce la acusción popular en este asunto y cuyos abogados no creen que sea necesaria la práctica de más diligencias. Las defensas aún están en plazo de contestar -se les dio una prórroga hasta el próximo 24 de septiembre-, y según fuentes consultadas por Europa Press la mayoría agotarán dicho plazo.

Tras solventar este asunto aún quedará otro trámite antes de que pueda dictarse la apertura de juicio, el llamado 'artículo de previo pronunciamiento' que permitirá a las defensas volver a plantear asuntos de tipo formal y que utilizarán para alegar, previsiblemente, que el Supremo no es el órgano competente para enjuiciarles. La resolución de estos asuntos supondrá unas semanas más.

APERTURA DE JUICIO Y CALIFICACIONES

Finalmente llegará el auto de apertura de juicio oral y tras ello un nuevo trámite a las acusaciones y a las defensas para presentar sus escritos de conclusiones provisionales, momento en el que se conocerá si la Fiscalía finalmente mantiene, como parece previsto, el delito de rebelión para los exmiembros del Govern de Carles Puigdemont y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell.

Otras opciones que se barajan son que los hechos, como apuntaba el propio Llarena en su auto de procesamiento, sean finalmente calificados por el Ministerio Público como conspiración para la rebelión o sedición, lo que conllevaría penas de cárcel más bajas.

En todo caso la rebelión estará presente en el juicio, porque Vox ya ha anunciado en varias ocasiones que no tiene previsto renunciar a acusar por este delito, que conlleva hasta 25 años de cárcel al estimar "violencia" en la actuación de los exmandatarios separatistas.

Por todo ello, las fuentes consultada dudan de que el juicio contra los líderes independentistas por la deriva secesionista, que culminó con la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) el 27 de octubre de 2017, pueda iniciarse a finales de este año, que era la fecha que se barajaba en principio.

El tiempo que se emplee para juzgar alexvicepresidente catalán Oriol Junqueras, al exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, entre otros, por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos no depende exclusivamente de los magistrados pues, según subrayan las mismas fuentes, la estrategia de las defensas tendrá un papel importante, ya que tienen intereses políticos relacionados con los próximos comicios municipales.