El Supremo rechaza llevar al TJUE la regularización extraordinaria de migrantes y vuelve a descartar paralizarla

    MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

   El Tribunal Supremo ha rechazado elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno, al tiempo que ha insistido en no paralizarla por los mismos motivos que ya hizo la primera vez que otras partes plantearon la suspensión cautelar.

   Según ha comunicado la Sala Tercera del Supremo, "una vez acordada la no suspensión" de la medida, "no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal", tal y como solicitó la Abogacía del Estado.

   Fue en junio cuando el alto tribunal planteó formular una cuestión prejudicial al TJUE ante la "duda" de "si podría entrar en colisión" con normativa comunitaria.

   A través de dos providencias, recogidas por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dio un plazo de cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer respecto a consultar al tribunal europeo, tras sendos recursos de la Comunidad Valenciana y Aragón.

   Los magistrados señalaron que el real decreto incorpora dos disposiciones adicionales que son las que contienen el proceso de regularización para la obtención de permisos de residencia para extranjeros en situación irregular en España.

   "No se trata, pues, de un reconocimiento individualizado de dicho permiso, sino de un régimen general a nivel normativo para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontrasen en España en situación irregular, debiendo reunir determinadas condiciones, ahora irrelevantes", explica la resolución.

   "El régimen de regularización establecido en las mencionadas normas adicionales del real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el PMAUE", el Pacto de Migración y Asilo aprobado en la Unión Europea en 2024, subrayó.

   Ya el pasado mayo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó que no frenaría la regularización, medida cautelar pedida por Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid.

EL SUPREMO APELÓ AL "SUSTRATO HUMANO"

   En los autos en los que rechazó las medidas cautelares, el Supremo incidió en el "interés público" y el "sustrato humano" en su decisión de no suspender de forma cautelar la regularización y señaló que en el real decreto "subyace un interés público especialmente cualificado no solo por perseguir un interés público notorio sino por incidir este interés público directa, íntima y cualificadamente en un sustrato humano que trasciende a la mera consideración económica".

   "Tal interés público se sustenta en distintas justificaciones (de carácter humanitario y de respeto a los derechos humanos con especial énfasis en la protección de los menores, de carácter económico, carácter demográfico, carácter cultural y social, etc.)", indicó.

   Los magistrados añadieron que ese interés público "se contrae, en esencia, a permitir la plena integración de aquellas personas extranjeras que permanecen en España de forma prolongada y que, por causas ajenas a su voluntad, no pueden acceder a una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales".

   "En coherencia con lo anterior, la incorporación plena al sistema administrativo y económico fortalece la Seguridad Social, mejora la recaudación tributaria y contribuye a un mercado laboral más transparente y eficiente", sostuvieron.

   A su juicio, ello también "permite garantizar a las personas extranjeras el ejercicio efectivo de sus derechos y prevenir situaciones de explotación laboral".

"TAMBIÉN RESULTARÍAN AFECTADOS INTERESES" DE LOS SOLICITANTES 

   El tribunal expresó que "también resultarían afectados intereses de terceros, como son las propias personas solicitantes de las autorizaciones, por cuanto que la suspensión solicitada les determinaría a seguir en la situación de irregularidad administrativa, pugnando con el interés público perseguido, con todo lo que ello entraña, humana, social y económicamente".

   Sobre las alegaciones de Vox, manifestaron que "en absoluto queda acreditado que se le vayan a irrogar perjuicios de imposible o difícil reparación en el caso de no adoptarse la medida cautelar, por cuanto que esas alteraciones del censo invocadas y sus efectos no tienen un efecto inmediato que frustre, en los términos planteados por el demandante, la finalidad legitima de su recurso".

   Y respecto a los perjuicios alegados por la Comunidad de Madrid, aseguraron que "no puede afirmarse en este momento procesal que haya quedado acreditado, sin género de duda, que aquéllos fueran de imposible o difícil reparación, de manera que, de no adoptarse la medida cautelar, quedara frustrada la finalidad legitima de su recurso".

   En cuanto a Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia, el tribunal inadmitió sus recursos para la suspensión cautelar "por falta de legitimación activa".

EL GOBIERNO DEFIENDE QUE ESPAÑA "NO HA VULNERADO" NINGUNA COMPETENCIA

   La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha señalado este miércoles en los Cursos de Verano de San Lorenzo del Escorial (Madrid) que desde el Gobierno están "convencidos de que España no ha vulnerado en absoluto ninguna competencia en ningún ámbito de la política europea".

   En este sentido, ha recordado que el real decreto de regularización extraordinaria cuenta con el aval del propio Consejo de Estado y ha defendido que la actuación del Ministerio se ha limitado a "aportar la información" y trasladar su "punto de vista", mostrando su total confianza en la legalidad del proceso.

   Durante el curso, ha intervenido de mantera telemática la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha defendido el proceso extraordinario de regularización de migrantes y ha asegurado que con las políticas del Gobierno "España vuelve a ser parte de los países que entienden que la gestión de la migración debe de ser siempre desde los derechos humanos".

   "Ante los discursos de odio, ante quienes quieren normalizar términos siniestros como la prioridad nacional, desde el Gobierno de España proponemos convivencia, inclusión, cohesión social y derechos para todos y para todas", ha remachado.