Suspenden en Sevilla el juicio a una organización que introducía hachís en España al incomparecer dos acusados

SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juicio previsto en la Audiencia Provincial de Sevilla contra una organización de ocho personas que se encargaba de introducir en España desde Marruecos grandes cantidades de hachís ha sido suspendido por incomparecencia de dos de los procesados.

Fuentes judiciales informaron a Europa Press de que la nueva vista oral, en la que la Fiscalía reclamará 20 años y seis meses de cárcel para los acusados --con penas que oscilan entre los tres años y los cuatro años años y tres meses de prisión--, ha sido señalada para las 10.00 horas del próximo 6 de noviembre.

Según el escrito de acusación provisional del fiscal, cuatro de los procesados formaban un grupo interrelacionado que se dedicaba a transportar sustancias estupefacientes "para su venta o donación a terceras personas".

En este sentido, la Policía Nacional descubrió que estos cuatro acusados estaban organizando la introducción en España de unos 3.000 kilogramos de hachís procedentes de Marruecos en el mes de septiembre de 2005.

Así las cosas, el 24 de septiembre de 2005 salió un barco desde el puerto de Estepona (Málaga) hacia Marruecos, siendo localizada por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera en aguas internacionales a 70 millas de Larache (Marruecos) con tres toneladas de hachís valoradas en unos cuatro millones de euros.

Por ello, fueron detenidos los ocupantes de la embarcación --dos de los anteriores y otras dos personas enviadas por los vendedores marroquíes para asegurarse de que la misma llegaba a su destino y se pagaba el precio pactado--.

La venta de drogas generaba importantes beneficios económicos al cabecilla de la organización, quien, a través de su mujer e hijo, adquiría bienes inmuebles y vehículos con el dinero procedente de los estupefacientes.

El Ministerio Fiscal asegura que durante la detención del cabecilla, que tuvo lugar en Dos Hermanas, el procesado "opuso gran resistencia a los agentes de la autoridad, causándole incluso lesiones a un policía nacional.

El Ministerio Público considera que los hechos relatados son constitutivos de un delito contra la salud pública, un delito de receptación, otro de atentado y una falta de lesiones, por los que pide un total de 20 años y seis meses de cárcel para el grupo.

Asimismo, reclama multas de 6.275.000 euros para seis de los ocho acusados.