El TC admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la Ley de Aguas vasca

BILBAO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por diputados del PP contra la Ley de Aguas vasca. El PP presentó el pasado mes de octubre este recurso al entender que el canon que establece supone una "doble imposición", invade las competencias municipales y forales y "extralimita" las competencias autonómicas.

El tribunal ha acordado admitir a trámite el recurso contra los artículos 1c; 9e; del 41 al 52 en su totalidad; 55n, o y p; 56.3; y las disposiciones adicional sexta y transitoria tercera de la Ley aprobada por el Parlamento vasco el pasado 23 de junio.

Asimismo, el acuerdo del TC, fechado el pasado día 8, recoge dar traslado al Congreso y Senado, al Gobierno central, al Parlamento vasco y al Ejecutivo autonómico para que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren oportunas.

El recurso fue presentado por medio centenar de diputados del PP en el Congreso al entender que diversos artículos y disposiciones de esta ley contradicen varios preceptos constitucionales y que el canon que establece la Ley de Aguas "carga un nuevo costo en el recibo del agua" para financiar la Agencia vasca de Aguas.

El recurso contra la Ley de Aguas denuncia que esta normativa establece un canon que grava el volumen de agua consumido, algo que ya hacen las ordenanzas municipales que regulan el consumo del agua, por lo que "se grava por segunda vez" a los consumidores y es contrario al ordenamiento jurídico vigente que impide "la doble imposición".

Asimismo, el PP entiende que la Ley vasca invade competencias de las diputaciones forales y apunta que las comunidades autónomas no pueden gravar bienes situados fuera de sus límites, recordando que gran parte del agua utilizada por el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia procede del embalse de Ordunte, ubicado en la provincia de Burgos.

Por otro lado, el PP denuncia que la Ley de Aguas vulnera el principio de legalidad y la interdicción de la arbitrariedad que prohibe la Constitución. En este sentido, critica que en teoría la Ley se basa en la Directiva 2000/60 de la Comunidad Europea que establece como principios la recuperación de costes y el hecho de que "quien contamina paga", lo que, a su entender, no cumple la normativa vasca.

Asimismo, denuncia, entre otros aspectos, que la normativa vasca establece una bonificación de hasta el 95% del canon, pero no determina si se realiza sobre la base imponible o sobre la cuota, ni cómo se accede a ella.