MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, publicará este martes 20 de noviembre su sentencia sobre Agustín Toranzo, un activista que denunció "torturas" de la policía tras el desalojo en 2007 del Centro Social Casas Viejas, en Sevilla, y que, tras ser condenado por difamación, acudió a esta instancia alegando que se había vulnerado su libertad de expresión.
Los hechos tuvieron lugar el 30 de noviembre de hace ahora 11 años, cuando Toranzo, que formaba parte del grupo 'okupa' que administraba el mencionado edificio, participó en una protesta contra su desalojo y para ello, se ató a unos tubos anclados a la base del inmueble. Para sacarle de allí, los agentes de policía hicieron uso de la fuerza y según él declaró después en una rueda de prensa, dos de ellos le sometieron a "tortura" para lograrlo.
Como resultado de aquella comparecencia pública, en la que se identificó a los dos agentes de policía porque habían salido en fotografías en prensa, la Delegación del Gobierno en Andalucía registró el 21 de diciembre de 2007 un escrito de queja ante la Fiscalía, que solicitó una investigación.
El caso acabó en el juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla, que en julio de 2011 condenó a Toranzo por difamación y le condenó a multa de 10 euros diarios durante veinte meses y a indemnizar a los dos policías por un monto total de 1.200 euros. La Audiencia Provincial redujo después la multa a 10 euros diarios durante 12 meses, aunque confirmó los términos de la condena.
En concreto, para ambos tribunales de Sevilla, el comportamiento de los agentes no reunía las condiciones como para ser calificado de tortura de acuerdo al Código Penal, su acción había sido proporcional y decir lo contrario constituía una calumnia. Entendían, además, que el haberles identificado con fotos en prensa y una descripción, les situaba como torturadores a ojos de sus familiares y amigos, lo que les había producido un daño.
En julio de 2013 Toranzo recurrió en amparo, pero el Tribunal Constitucional consideró su petición inadmisible por falta de relevancia constitucional, lo que llevó al activista a acudir a Estrasburgo. Allí denunció al Estado español por entender que la condena que se le impuso fue "una ingerencia indebida en su derecho a la libertad de expresión", un derecho protegido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos por cuyo cumplimiento vela el TEDH.
