Coincidió con el productor en tres ocasiones pero apunta que él no le daba indicaciones sino Alberto Aguilera
MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
Una presunta testaferro investigada por su posible participación en la macroestafa que lideraría el productor televisivo José Luis Moreno, entre otros, ha confirmado ante el juez instructor que recibió dinero en efectivo de uno de los cabecillas, Antonio Aguilera, a cambio de firmar como apoderada de empresas e ir a pedir financiación a sucursales bancarias.
La declaración de esta persona, Carla López, que está imputada por figurar como administradora de Licorería Margallo y de Restauración Fina Madrid, investigadas por operativa fraudulenta y controladas por Aguilera y otro imputado, Antonio Salazar, se produjo el viernes pasado, y declaró a preguntas tanto de su abogado como de la Fiscalía que su relación con la trama comienza a finales de 2016. "Mi trabajo consistía en eso, (...) ir a pedir financiación", llegó a confirmar ante el juez instructor de la Audiencia Nacional según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Preguntada por si coincidió con José Luis Moreno, la testaferro indicó que le conoció en el despacho de Aguilera, que le vio como tres veces, que en una ocasión fueron juntos a una sucursal de Abanca y que después de una charla de Moreno y Aguilera con una trabajadora ella firmó la documentación. No obstante, matizó al ser preguntada por la defensa de Moreno, que "nunca" recibió indicaciones de él.
Al hilo, explicó ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que en determinadas oficinas bancarias el trato era de amistad y no había que explicar nada cuando iba a por financiación, y citó a una persona llamada María Belén, de Abanca, con la que Aguilera "tenía relación personal". De hecho indicó que le constaba que esa empleada bancaria mantuvo una relación sentimental con el supuesto cabecilla de la trama.
COMISIÓN POR FIRMA
Estas visitas a los bancos, apuntó que tantas que había perdido la cuenta, se producían cuando ella se acercaba a Madrid --"Antonio me pagaba los gastos"--, y confirmó que también fue en ocasiones con otras imputadas como Raquel Garrido o Marta Dillet.
No obstante, dijo no recordar haber firmado cheques o pagarés, si bien reconoció que se le ponía delante "muchísima documentación" para firmar.
A preguntas del Ministerio Fiscal, apuntó que en total habría cobrado 100.000 euros de la trama en cinco años por medio de transferencia a su cuenta personal, y que siempre recibía una comisión por cada firma.
LA ESTAFA 'TITELLA'
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por el productor televisivo José Luis Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.
