Torrent alega al TSJC que el juicio a la Mesa "pone en riesgo los fundamentos del parlamentarismo"

El expresidente del Parlament y conseller de Empresa, Roger Torrent y la exsecretaria cuarta del Parlament Adriana Delgado, durante el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 5 de octubre de 2022, en Barcelona, Catalunya (España
El expresidente del Parlament y conseller de Empresa, Roger Torrent y la exsecretaria cuarta del Parlament Adriana Delgado, durante el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 5 de octubre de 2022, en Barcelona, Catalunya (España - EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press

Torrent, Campdepadrós y Delgado usan el último turno de palabra del juicio

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller Roger Torrent ha usado su derecho al último turno de palabra en el juicio a la Mesa del Parlament que presidió para alegar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC): "Censurar la palabra, limitar la iniciativa de los grupos parlamentarios, criminalizar la actividad parlamentaria pone en riesgo los fundamentos del parlamentarismo".

Torrent ha desgranado en su discurso los aspectos que están "en riesgo" por esta acusación, y en primer lugar ha mencionado la libertad de expresión de los diputados que, a su parecer, no incluye solo los discursos sino también la presentación y tramitación de propuestas de resolución.

Igual que los exmiembros de la Mesa Eusebi Campdepadrós, Adriana Delgado y Josep Costa, Torrent está acusado de presunta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) justamente por admitir a trámite resoluciones relacionadas con la autodeterminación y que reprobaban la monarquía.

Ha defendido ante el tribunal que la libertad de expresión de los diputados "no es solo la expresión de una opinión personal sino la capacidad de hacer de correa de transmisión entre la sociedad y las instituciones".

INVIOLABILIDAD, NO "IMPUNIDAD"

"Lo que se pone en riesgo es la inviolabilidad parlamentaria no entendida como impunidad sino entendida como protección de la separación de poderes", ha dicho Torrent después de que el fiscal haya reprochado en su informe que los acusados apelan a la inviolabilidad parlamentaria buscando impunidad.

También considera que está en riesgo la libertad ideológica de los diputados porque las propuestas de resolución son documentos de expresión política, y ha hecho referencia a que los diputados pueden aspirar a transformar la realidad: "¿Si está permitida en los programas electorales, por qué no debería tener continuidad en la Cámara?".

Torrent ha sumado a la lista de derechos en riesgo el de representación política, que "se ha de ver reflejado también en las propuestas que se puedan llevar a votación en el Parlament".

Durante el juicio, varios testigos han coincidido en explicar que los letrados del Parlament expusieron dudas sobre si tramitar las resoluciones ahora enjuiciadas podía contravenir las órdenes del TC, y en este sentido Torrent ha aclarado que "los letrados de la Cámara en ningún caso recomendamos paralizar estas iniciativas parlamentarias".

DELGADO Y CAMPDEPADRÓS

Por su parte, Delgado ha reiterado que cumplió el reglamento y protegió los derechos fundamentales de los diputados, y ha manifestado: "Es evidente que en el Parlament de Cataluña se tiene que poder hablar de todo y se tienen que tratar los temas de interés público, no puede haber un límite ni una censura previa al debate".

Ha deseado que, en caso de inhabilitación, se haga por la búsqueda del bien común, y que "este bien común guíe a las personas y no el miedo por defender los derechos fundamentales".

Durante su turno de última palabra, Campdepadrós ha manifestado que este juicio es un juicio político: "Estamos ante una injerencia en el funcionamiento normal de una cámara parlamentaria. En todos los procesos de la causa catalana todavía no se había producido esta injerencia de limitar el debate de una cámara parlamentaria".

Asimismo, ha alegado que el TSJC es un "templo de justicia y no de represión política", por lo que se tiene que saber dónde están los límites de inviolabilidad en un Parlament que, a su parecer, es donde radica la voluntad y el libre debate que deben tener los representantes electos.

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