MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado que, en muchas ocasiones, los problemas de la justicia penal no son consecuencia de deficiencias legislativas, sino de organización y gestión de la propia Administración Judicial. "La ley no basta si el procedimiento no dispone de los medios necesarios para gestionar su aplicación".
En una entrevista al diario El País recogida por Europa Press, Torres-Dulce ha explicado que no conoce "medida más eficaz" que la intervención, supervisión y control que atribuye el ordenamiento jurídico para la lucha contra la corrupción, por lo que insta a "dotar de medios suficientes" a los organismos y cuerpos del Estado determinados para ejercer dicha función.
Preguntado por la falta de tipificación del delito de financiación ilegal en el Código Penal, ha destacado que el que no esté regulado no significa que, en este aspecto, el ordenamiento jurídico sea "inoperante" pues se dispone de una Ley de Financiación de Partidos Políticos en la que se denuncia otro tipo de irregularidades como la falsedad documental, el fraude fiscal o de subvenciones, la malversación o el cohecho. "No se puede afirmar por ello que la financiación ilegal sea una actividad exenta de responsabilidad penal", ha reiterado.
Asimismo, ha subrayado que la regulación del delito de blanqueo de capitales es "suficientemente eficaz y solvente" para abordar este tipo de acciones criminales, y más desde la reforma de la ley orgánica de junio de 2010, "que amplió su ámbito de aplicación de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por España".
CAMBIO DE MENTALIDAD
El fiscal general además ha comentado que es necesario un "cambio de mentalidad" en la sociedad ya que a su juicio la corrupción es vista con cierta "complacencia" en un ámbito más próximo y se vitupera en las escalas del poder político o económico. "La corrupción no admite grados, y si toleramos la infracción y el fraude a pequeña escala, debemos prepararnos para sufrirla a gran escala", ha criticado.
Al mismo tiempo ha afirmado que los países que presentan menores índices de corrupción se corresponden con los países de mayor nivel educativo y cultural llamando así a implantar una buena base educativa que implique "concepciones exigentes en lo ético".
