Critica la "enorme tardanza" con la que se desarrolló el proceso judicial del 'caso Pallerols' y niega que el acuerdo sea para no dañar a Duran
MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha indicado este lunes que el Ministerio Público actuará en caso de que la declaración soberanista impulsada por CiU y ERC en Cataluña incurra en algún delito del ámbito penal, mientras que corresponde al Gobierno valorar si la impugna ante el Tribunal Constitucional.
Durante una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, Torres-Dulce ha señalado que el Ejecutivo le ha garantizado que "no va a existir ninguna interferencia política en la actividad de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio Fiscal".
"Yo tengo que estar a la recíproca respecto del Gobierno; no voy a hacer ningún tipo de intervención que tenga una trascendencia política", puesto que eso "corresponde exclusivamente a la actividad del Gobierno", ha aclarado.
Por el momento, esa declaración soberanista que los dos partidos mayoritarios catalanes pretenden llevar al Parlament y que define a Cataluña como "un sujeto político y jurídico soberano", "no deja de ser una decisión política", ha recordado.
Además el texto "puede ser modificado", por lo que "habrá que esperar" a su versión final para hacer "una valoración desde el punto de vista constitucional o jurídico", ha añadido.
Así, ha explicado que si el próximo 23 de enero se aprobase en el Parlamento catalán una declaración soberanista que tuviese "una incidencia dentro de los delitos contemplados en el Código Penal", la Fiscalía General "actuaría".
En cambio, ha agregado, "si se trata simplemente de una decisión de carácter constitucional pero no penal que corresponde al ámbito político, el Gobierno tendrá que decidir si la impugna o no ante el Tribunal Constitucional" en el caso de que, a su juicio, pueda afectar "de forma sustancial" al Artículo 2 de la Carta Magna.
Lo "único" que puede hacer el Ministerio Fiscal es "actuar en consecuencia si en algún momento se infringe la legalidad", ya que "esa declaración tiene un campo de juego naturalmente constitucional, en modo alguno penal", ha afirmado Torres-Dulce.
ACUERDO DE CONFORMIDAD EN EL 'CASO PALLEROLS'
Por otro lado, Torres-Dulce se ha referido al acuerdo judicial por el cual UDC y cuatro acusados en una trama de presunta financiación irregular del partido en los años 90 han admitido su culpa y devolverán parte del dinero defraudado a cambio de la reducción de la pena.
El fiscal general ha negado "terminantemente" que ese acuerdo de conformidad responda a una intención política de no perjudicar al presidente de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, en un momento en que es visto como interlocutor del Gobierno central en el contexto de la deriva soberanista de CiU, donde es secretario general.
"Por parte de la Fiscalía no ha habido en modo alguno ese tipo de especulación política", ha subrayado. Además, ha recordado que Duran i Lleida "no ha estado sentado en el banquillo" en el conocido como 'caso Pallerols', aunque "como dirigente de un partido al que le afecta una sentencia", puesto que se trata de un caso de "corrupción personal e institucional", el político catalán "sacará las consecuencias que estime oportuno".
"ENORME TARDANZA" DEL PROCESO JUDICIAL
Por otra parte, Torres-Dulce ha aprovechado para criticar la "enorme tardanza" con la que se han iniciado este y otros procesos judiciales en España, "no solo los de corrupción política y económica", algo que, en su opinión, "hay que desterrar".
"Por muy complicado que sea un caso, no se puede tardar casi 20 años en que se someta a decisión lo más importante, que es la vista pública", ha opinado el fiscal general, que ha abogado por "cambiar las leyes" con el fin de que los procesos judiciales "no se estanquen" y así tener "una Justicia eficaz, eficiente y justa".
No obstante, respecto a la indignación que puede haber causado entre los ciudadanos el acuerdo de conformidad alcanzado en el 'caso Pallerols', Torres-Dulce ha indicado que es un mecanismo legal que se aplica en "cerca del 75 por ciento de los casos que se ven en los tribunales españoles".
