Un total de 30 islamistas serán juzgados a partir de mañana por intentar volar la Audiencia Nacional con un camión-bomba

Actualizado: domingo, 14 octubre 2007 13:32

Los acusados se enfrentan a una petición de entre 2 años y medio y 46 años de prisión por parte de la Fiscalía

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional celebrará a partir de mañana el juicio contra 30 presuntos terroristas islamistas detenidos en octubre de 2004 en el curso de la denominada 'Operación Nova'. Los acusados, en su mayoría marroquíes y argelinos, podrían haber integrado o colaborado con distintas células radicales que planeaban atentar contra objetivos en España, como la Audiencia Nacional, que pretendían hacer volar estrellando contra las dependencias judiciales un camión-bomba.

La vista oral dará comienzo a las 10 de la mañana y se desarrollará en sesiones de mañana y tarde los lunes, martes y miércoles, hasta su conclusión, prevista para el próximo mes de diciembre.

El tribunal encargado de juzgar a estos 30 procesados, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, estará presidido por el juez Alfonso Guevara, que también forma parte del tribunal que juzgó a los acusados del 11-M. Le acompañarán los jueces Fermín Javier Echarri y Flor María Sánchez.

Uno de los acusados en esta causa, Abdelkrim Bensmail, declaró como testigo en la vista en la que se juzgaba a los acusados de participar en el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, ya que mantenía lazos con uno de los siete terroristas suicidas de Leganés (Madrid), Alekema Lamari.

A Bensmail le fue encontrado un papel durante su estancia en prisión con la dirección del miembro de la banda terrorista ETA Henri Parot y un folio donde se detallaba la fórmula de la cloratita.

PETICIÓN DE PENAS

La Fiscalía solicita un total de 464 años y medio de cárcel para los 30 presuntos terroristas islamistas. Al líder de la célula, Abderahmane Tahiri, alias "Mohamed Acraf", se le acusa de crear cuatro células terroristas desde la cárcel de Topas (Salamanca) y de planear atentados en España.

El Ministerio Público solicita para los procesados penas de entre 2 años y medio y 46 años de cárcel --pena que pide para el cabecila Tahiri--, por delitos de conspiración para cometer atentado terrorista, pertenencia a banda armada, falsificación de documentos oficiales y tenencia de útiles para la falsificación de tarjetas de crédito.

En su escrito de calificación provisional el fiscal Pedro Rubira, encargado de la causa, señala que "Mohamed Acraf" constituyó, como emir en la cárcel de Topas, un grupo de personas adoctrinadas en el pensamiento del 'salafismo yihadista', conectado a Al Qaeda. Entre sus objetivos se encontraban, además de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la estación ferroviaria de Príncipe Pío, el parque Tierno Galván o la sede del PP en la calle Génova.

Sobre Tahiri, el escrito señala que durante su permanencia en prisión, en 2000, ideó la formación de cuatro grupos encuadrados en la red terrorista denominada 'Mártires por Marruecos', de los que sería coordinador: uno que pasó a controlar su hombre de confianza Said Afif cuando abandonó Topas para refugiarse en Suiza; un segundo en el Centro Penitenciario de A Lama (A Coruña), liderado por Dibali Abdellah; un tercer grupo situado en la provincia de Almería, a cuya cabeza estaba el mauritano Kamara Birahima y un cuarto dirigido en Gandia (Valencia) por otro de los lugartenientes de "Mohamed Acraf", llamado Djilali Mazari.

ATENTADO CONTRA LA AUDIENCIA

Para el atentado contra la Audiencia Nacional los terroristas trataron de adquirir 1.000 kilos de Goma-2, de los cuales 500 serían utilizados en esta acción y el resto se emplearía en otras acciones terroristas.

Su propósito era cargar la dinamita en un camión y lanzarlo a toda velocidad contra el edificio de la Audiencia Nacional en la calle Génova. El grado de preparación del atentado había llegado a tal extremo, según la Fiscalía, que hasta siete de los procesados (Said Afif, Kamara Birahima, Mustapha Farjani, Mohamed Boukiri, Mokhtar Siah y Mouad Duoas) habían manifestado su voluntad de inmolarse junto a Tahiri en la ejecución de este atentado.

Para tal fin, Tahiri se trasladó en julio de 2004 a Almería y solicitó a Birahima que comprara una tonelada de explosivo. El mauritano se puso en contacto con una persona de etnia gitana, llamada Antonio, si bien finalmente no se produjo la compra-venta. "Momamed Acraft" también le pidió conseguir explosivo a una segunda persona que declarará durante el juicio como testigo protegido.

Según la Fiscalía, mediante este atentado se pretendía acabar con la vida de las personas que trabajan diariamente en la Audiencia Nacional, unas 980 entre jueces, fiscales, funcionarios, periodistas y público en general, así como destruir los archivos que afectan a otros procedimientos abiertos contra terroristas islamistas.

Entre los procesados hay un español, Baldomero Lara Sánchez, para quien el fiscal solicita 11 años de cárcel por pertenencia a banda armada, y cuya función en el grupo era la de recibir las cartas que iban dirigidas a otro islamista, Addila Mimon, para evitar las sospechas sobre las actividades terroristas de este último.

El sistema empleado por Lara, según el escrito de la Fiscalía, era que las cartas llegaran a su nombre como destinatario, utilizando el de su esposa como remitente. En su declaración judicial ante el juez Baltasar Garzón, que fue el instructor de esta causa, Baldomero reconoció que Mimon le pidió que pusiera su remite para mandar una carta a un nombre árabe de la provincia de Almería.

Los objetivos que persigue el Grupo Salafí para la Predicación y el Combate, al que pertenecían estos presuntos terroristas, son conquistar el poder mediante la 'Guerra Santa' a fin de establecer la Sharia o Ley Islámica, practicar esta guerra contra el mundo occidental, "como respuesta de la provocación que realiza contra la forma de vida musulmana" y la aceptación el martirio.

Una vez aceptados estos principios, los procesados recibían adoctrinamiento religioso y otro propiamente paramilitar, según el escrito de calificación provisional de la Fiscalía.

El adoctrinamiento religioso, que se realizaba en prisión, comprendía el estudio de la ley islámica, historia islámica y política islámica contemporánea, así como disciplina para conservar la fe "en el mundo de los no creyentes". La formación paramilitar incluía actividades propiamente terroristas, según la acusación pública.

Para la consecución de sus fines, la "célula" realizaba actividades como la de falsificación de pasaportes, tarjetas de residencia, duplicación de tarjetas de crédito y reclutamiento y adoctrinamiento de personas, "tanto en el ámbito penitenciario como de otras que se encontraban en situación legal en España desarrollando profesiones laborales diversas".

Además, los internos adscritos a este grupo en las cárceles enviaban dinero y cartas a otros presos con el fin de reclutarlos para su causa, tal y como se señala en la numerosa documentación epistolar incautada en esta "operación" y que será presentada como prueba en el juicio.

PENAS INDIVIDUALIZADAS

Los acusados son Tahiri (para quien se piden 46 años de prisión), Kamara Birahima (37), Said Afif (29 años), Mustapha Farjani (27), Mohamed Boukiri (27), Mokhtar Siah (27), Mouad Duoas (27), , Dibali Abdellah (13), Djilali Mazari (13), Majid Sahouane (13), Mohamed Arabe (11), Djanel Merabet (13 años y 6 meses), Baanou Abdulah (11),Eddebdoudi Taoufik (11), Mohamed Amine (11), Babir Belhakem (11), Mohamen Amin (11), Aspir Smali (11), Mustapha Zanibar (11), Soubi Kunic (11), Abdelkrim Bensmail (11), Salah Zelmat (11), Redha Cherif (11), Djamel Seddik (11), Mohamed Boualem (11), Hocine Kedache (11), Baldomero Lara Sánchez (11), Ahmed Chebli (11), Mourad Yala (2 años y seis meses) y Majid Mchmacha (2 años y seis meses de prisión).