ZARAGOZA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los 20 trabajadores de los dos Juzgados de Violencia de Género de Aragón, ubicados en la ciudad de Zaragoza, comenzarán el próximo lunes, 19 de enero, una huelga para reivindicar el cobro del complemento específico del que disfrutan sus compañeros del resto de Comunidades autónomas que poseen juzgados con competencias exclusivas en esta materia, así como la regulación de sus horarios y la mejora de sus instalaciones.
La huelga fue convocada el pasado 19 de diciembre por la Junta de Personal de la Administración de Justicia de Zaragoza, a petición de una asamblea de trabajadores y del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) y tendrá lugar todos los lunes.
El presidente de la junta de personal y responsable del Área de Justicia de CC.OO.-Aragón, Luis Casero, explicó en declaraciones a Europa Press que piden un complemento específico porque los trabajadores de estos juzgados "hacen todos los días un trabajo especializado", con competencias tanto en materia penal como civil y con guardias especiales.
Al respecto, comentó que en los últimos encuentros mantenidos entre el comité de huelga y el Gobierno de Aragón este último se mostró dispuesto a pagar el complemento, pero con fecha 1 de enero de 2009 y no con carácter retroactivo, a 1 de enero de 2008, como solicitan los trabajadores.
Asimismo, reclaman el reconocimiento de un horario especial porque estos trabajadores "suelen tener prolongación de jornada" y una mejora de las instalaciones ya que las actuales "no reúnen las condiciones adecuadas", como tener unas dependencias para las víctimas y otras para los agresores.
Por su parte, fuentes del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón señalaron a Europa Press que están "abiertos al diálogo" y recalcaron que han realizado una oferta económica de un complemento que reconoce la especificidad de los Juzgados de Violencia de Género.
Esta oferta es "acorde con una época de crisis económica y de ajuste presupuestario" y se ha formulado teniendo en cuenta el criterio del Ministerio de Justicia en las Comunidades autónomas que no tienen las competencias transferidas.
Agregaron que este complemento se sumaría al acuerdo económico que el año pasado se alcanzó con el conjunto de funcionarios de la Administración de Justicia en Aragón, que los equiparó al resto de trabajadores de Comunidad autónoma, una vez asumidas estas competencias.
Por lo que se refiere a las instalaciones, desde el Departamento señalaron que se trabaja en plan de infraestructuras de Justicia para Zaragoza, para lo que se han establecido contactos con todos los colectivos para conocer su opinión y que también afectará a los Juzgados de Violencia de Género.
Finalmente, comentaron que si se celebra la huelga, habrá unos servicios mínimos para atender todas las necesidades que surjan en esta materia.
SEGUNDO JUZGADO DE GUARDIA
En otro orden de cosas, los trabajadores de los Juzgados de Instrucción de Zaragoza en funciones de guardia continúan con la protesta iniciada en noviembre por la supresión del segundo Juzgado de Guardia, que se creó temporalmente con ocasión de la Exposición Internacional Zaragoza 2008.
La protesta consiste en "cumplir estrictamente la legalidad" en vez de "hacer funciones que no nos corresponden", como ocurría hasta ese momento, según relató Luis Casero, al tiempo que indicó que esto ha supuesto que en ocasiones se hayan producido retrasos de entre cinco y siete horas en la atención a los ciudadanos.
Esta semana se celebrará una asamblea de trabajadores para valorar la situación y para dar a conocer la recopilación de datos de 2008, que "demuestran que ha habido un incremento importante de la carga de trabajo", con 2.776 juicios rápidos y unas medias de 231,33 juicios rápidos por juzgado y de ocho juicios rápidos diarios, cifras que "justifican el segundo Juzgado de Guardia", dijo Casero.
Desde el Gobierno de Aragón recordaron, por su parte, que están a la espera del informe del Consejo General de Poder Judicial sobre la actividad de estos juzgados, ya que es el que tiene las competencias en inspección y datos, y cuando se conozca se tomará una decisión de acuerdo con este órgano y con el Ministerio de Justicia.
