Treinta años de cárcel para los integrantes de una red que obligaba a mujeres rumanas a prostituirse en Reus (Tarragona)

TARRAGONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Tarragona ha condenado a un total de 30 años de prisión a los dos propietarios de un prostíbulo de Reus (Tarragona) y a dos prostitutas que trabajaban en el local por traer a mujeres de Rumania y obligarlas a ejercer la prostitución, aprovechando que tenían graves dificultades económicas.

La Sección Segunda ha condenado a siete años y medio de cárcel a Francisca L.P. y a Javier S.E., propietarios del prostíbulo, y a C.L. y G.A., prostitutas rumanas, porque "promovieron, favorecieron y facilitaron la venida de mujeres extranjeras para dedicarlas a la explotación sexual mediante la prostitución, con ánimo de lucro y abusando de una situación de superioridad".

Los procesados controlaban a las chicas reteniéndoles el pasaporte y aprovechándose de su desconocimiento del lugar y del idioma, hasta que tres de sus víctimas, M.M.T., I.V. y A.T., consiguieron escapar del prostíbulo y denunciarles. Ahora, los acusados deberán indemnizar a cada una de las mujeres con 3.000 euros.

Según la sentencia, los cuatro procesados negociaron traer nuevas mujeres rumanas al local para que ejercieran la prostitución. Así, las dos prostitutas contactaban con mujeres de su país en graves apuros económicos y las convencían para que vinieran a España, pagándoles el traslado. Percibían unos 3.000 euros por cada nueva víctima.

Las chicas venían en autobús y, una vez llegaban a Tarragona, los propietarios del prostíbulo les retenían el pasaporte, aprovechándose "de su desconocimiento del lugar y de los idiomas aquí existentes". Las mujeres no percibían "dinero alguno, salvo las cantidades que se remitieron a sus familiares de Rumanía".

Estas cantidades fueron 1.535 euros para M.M.T. por 5 meses de trabajo; 735 euros para I.V. por 3 meses de trabajo; y 450 euros para A.T. por 2 meses de trabajo. No obstante, las tres chicas consiguieron escapar del local y llamaron a los propietarios para pedirles los pasaportes y dinero para irse a Rumania, amenazándoles con denunciarlos si no accedían a sus peticiones.

En el juicio, los acusados admitieron que traían mujeres de Rumanía y "sin papeles". Según el juez, la explotación sexual quedaría probada también por las escasísimas cantidades de dinero que remitieron las denunciantes a sus familiares en Rumanía, "lo que revela el beneficio obtenido por los acusados". Además, según declaró una trabajadora del local durante el juicio, el dinero que se obtenía por sus servicios era entregado a los propietarios.

El juez, por otra parte, no admite la condena por el delito de prostitución, ya que en el nuevo Código Penal queda incorporada en la pena aplicada por el delito contra los derechos de los extranjeros. El fiscal solicitaba nueve años de prisión por el delito contra los derechos de los extranjeros y otros tres años de cárcel por cada uno de los tres delitos de prostitución.