Cree que, con sus actuaciones, "agravó" la insolvencia de la empresa y quiso "perjudicar" a los acreedores
BILBAO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Vizcaya ha decidido condenar a tres años de prisión al empresario Jabyer Fernández por un delito de insolvencia punible en la modalidad de concurso, al considerar que, con sus actuaciones, "agravó" la insolvencia de Iurbenor y a hermana, Susana Fernández, a 18 meses de prisión como cooperadora necesaria.
En el juicio, el ministerio público solicitaba seis años de prisión para Jabyer Fernández por un presunto delito de insolvencia punible al considerar que "descapitalizó" Iurbenor y cuatro años para su hermana Susana.
Los hechos se remontan al 27 de enero de 2009, cuando Iurbenor procedió a la venta de los terrenos de Sefanitro en los que iba a construir 2.000 viviendas en la actuación urbanística 'Puerta de Bilbao' en Barakaldo.
La venta se realizó a dos filiales de Caixa y BBK por 359,6 millones. De ese montante, 297 millones fueron retenidos por los compradores para cancelar las hipotecas asumidas con las entidades bancarias, lo que dejó un remanente de 64 millones.
La venta de los terrenos generó un IVA cifrado en 43 millones por la Diputación, cuyo aplazamiento de pago solicitó Fernández y que le fue denegado por parte de la institución foral, que, según la sentencia, "no tenía obligación alguna" de concederle el aplazamiento.
La sentencia señala, como hechos probados, que Jabyer Fernández, destinó 16 millones al pago de deudas de entidades vinculadas y 12,4 millones al pago de deudas con terceros.
En relación a la cantidad restante, (35,4 millones) afirma que Jabyer Fernández, "con el propósito de no satisfacer la deuda mantenida con la Diputación y de que la mercantil careciese de bienes suficientes con los que pudiera realizar su crédito, dispuso, "por sí o a través de Susana Fernández", de 26,8 millones a través de un convenio de asistencia financiera con Fonorte Inmobiliaria, de la que era apoderada Susana Fernández.
Además, se recoge que el empresario efectuó transferencia de fondos a Entrinnova Invest (1,5 millones), a Bost-H 96 (3,5 millones) y a Iurbentia Promocion Inmobiliaria (3,5 millones), en este último caso por la adquisición de acciones de Habidite, "cuyos precios no respondían a la realidad". En la resolución se señala que es "patente" la "sobrevaloración" del precio que pagó Iurbenor por las compras de acciones de Habidite, que no tenía ingresos y cuyo proyecto en Alonsotegi para crear una planta de construcción de viviendas modulares estaba "paralizado y cuestionado".
La Audiencia de Vizcaya considera un hecho probado que la realización de las citadas operaciones denota "una falta total y absoluta de interés" por la continuación de Iurbenor Promociones. También se indica en la sentencia que, dada la imposibilidad de abonar la cantidad adeudada a la Hacienda, Iurbenor Promociones entró en concurso de acreedores.
AUMENTO DEL DÉFICIT PATRIMONIAL
En la resolución, se indica que, si el acusado no habría llevado a cabo el contrato de asistencia financiera y las compras de acciones de Habidite, Iurbenor Promociones hubiera tenido en septiembre de 2009 un activo de 37,78 millones y un déficit patrimonial de 16 millones, pero, tras esas operaciones, ese déficit se incrementa entre 10,5 y 46,9 millones.
La sentencia señala también que cuando se acuerda la concesión de un crédito de 30 millones a Fonorte Inmobiliaria "sin exigir garantía alguna para asegurar la devolución de la cantidad" y se hacen transferencias a esta sociedad por 26,8 millones, que "no respondían al pago de deuda alguna", Iurbenor Promociones "ya se encontraba en una situación de insolvencia".
La Audiencia afirma que, con la transferencia a Fonorte de 26,8 millones, se consiguió sustraer esa cantidad al pago de las deudas de Iurbenor Promociones, mediante el desvío de tal cantidad de dinero a la sociedad Fonorte Inmobiliaria.
En concreto, se añade que el crédito de hasta un máximo de 30 millones a Fonorte, con el consiguiente traspaso de 26,8 millones, y la compra de acciones de Habidite cuando Iurbenor Promociones ya se encontraba en situación de insolvencia, determinaron la salida de 35,3 millones de Irubenor, de manera que el pago de las deudas quedaron impagadas y se "agravó" la situación de insolvencia. Según se indica, sustrajo dinero del pago de las deudas para destinarlo a sociedades propiedad suya y de sus hermanos Susana y Antonio, con las que "no tenía deuda alguna".
La resolución indica que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de insolvencia punible en su modalidad de alzamiento de bienes. La Audiencia considera que la insolvencia de Iurbenor fue agravada "dolosamente" por Jabyer Fernández, realizando actos que evidencian su "voluntad dirigida a perjudicar a los acreedores". "Existiendo una relación de causalidad entre la actuación del acusado y la agravación de la insolvencia", añade.
La Audiencia indica que la situación de insolvencia de Iurbenor Promociones era "perfectamente conocida" por Jabyer Fernández, que realizó las citadas operaciones "consciente y voluntariamente, a sabiendas" de esa situación de insolvencia y con la finalidad de "agravar la situación de insolvencia y de perjudicar a los acreedores de la sociedad" al sustraer la cantidad de 35,3 millones al pago de las deudas de Iurbenor Promociones, entre ellas, la correspondiente al pago del IVA.
La resolución asegura que Jabyer Fernández actuó con la cooperación de Susana Fernández, quien "voluntariamente" con su actuación, "cooperó, de forma relevante a la ejecución de lo decidido por el acusado". En la sentencia, se indica que, si bien no participó en todos los hechos probados, sí participó en los relativos al traspaso de 26,8 millones de Iurbenor Promociones a Fonorte y, de ésta a Fonorte Empresa Constructora y a otras sociedades del grupo Afer.
CONDENA
Por lo tanto, según recoge la sentencia, Jabyer Fernández es condenado como autor a las penas de tres años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de administrador durante 10 años y multa de 15 meses a razón de una cuota diaria de 20 euros.
Por su parte, Susana Fernández es condenada como cooperadora necesaria a las penas de 18 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de administrador durante cuatro años y multa de seis meses a razón de una cuota diaria de 20 euros.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, son condenados a abonar a la masa del concurso de Iurbenor Promociones SA la cantidad de 26.883.887,56 euros conjunta y solidariamente, y Jabyer Fernández la cantidad de 8.500.000 euros.
Por otro lado, el empresario es absuelto de la acusación de delito contra la hacienda pública, lo mismo que el abogado Fernando García Macua, ya que no se aprecia una elusión del pago de impuestos ni la obtención indebida de devoluciones. Contra Fernando García Macua no se abrió finalmente juicio oral, al ser acusado únicamente por dos accionistas de Iurbenor.
