Publicado 13/10/2021 13:53CET

Tribunal de Cuentas, Constitucional y Defensor del Pueblo, los otros órganos que PSOE y PP tienen pendientes

El líder del PP, Pablo Casado, con el presidente Pedro Sánchez al fondo
El líder del PP, Pablo Casado, con el presidente Pedro Sánchez al fondo - Eduardo Parra - Europa Press

Todas las renovaciones requieren al PP para llegar al mínimo de escaños que establece la legislación

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y el PP no sólo tienen pendiente de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde las negociaciones han encallado por discrepancias en cuanto al método de elección, sino que además deben pactar otros tres órganos institucionales que llevan meses e incluso años con el mandato caducado: Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo.

En la sesión de control de este miércoles, el líder del PP, Pablo Casado, ha ofrecido al presidente Pedro Sánchez negociar las otras instituciones distintas del CGPJ, pero desde el Gobierno se le ha reclamado sentarse "hoy mismo" para hablar de todas, también el Poder Judicial.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO, CUATRO AÑOS EN FUNCIONES

El que lleva más tiempo pendiente de renovación es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017 y para el que se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo (210 votos). Ese resultado debe ratificarse en el Senado en un plazo máximo de 20 días.

En cuanto al CGPJ, su mandato caducó en diciembre de 2018 y la elección de sus 20 vocales exige también el apoyo de tres quintos del Congreso (210 diputados).

Doce de los consejeros son magistrados y jueces surgidos de un proceso de selección en la carrera judicial donde los precandidatos deben recabar avales de sus compañeros o de las asociaciones judiciales, aunque al final la última palabra la tienen los partidos. Ese sistema es el que el PP, al igual que Vox y Cs, quiere cambiar para que el Parlamento no intervenga. Los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria promovidos por los grupos parlamentarios.

La mitad de los 20 vocales se vota en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara. Y después esos consejeros eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo y que habitualmente ha sido pactado por los grandes partidos.

EL CGPJ, CADUCÓ EN 2018 Y EL TC EN 2019

También está pendiente la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional, los cuatro miembros que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019. El presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, que es uno de los que debe ser sustituido, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento, que también exige un acuerdo amplio puesto que se necesita un apoyo de 210 diputados.

La Constitución establece que de los 12 miembros que integran el Alto Tribunal cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, que son los que ahora deben actualizarse; cuatro, por parte del Senado; dos, del Gobierno; y otros dos del CGPJ. Todos ellos son designados por un periodo de nueve años.

El último órgano que se ha incorporado a esta lista de tareas pendientes es el Tribunal de Cuentas, cuyos doce consejeros concluyeron en julio su mandato de nueve años. También requiere un consenso entre el Gobierno de coalición y el PP, como primer partido de la oposición, puesto que los candidatos necesitan el respaldo de 210 diputados.

Los consejeros son los que eligen a su presidente, un puesto que someten a votación cada tres años. Por eso, este mandato arrancó en 2012 con Ramón Álvarez de Miranda al frente de la institución --lo estuvo seis años-- y desde 2018 lo ocupa María José de la Fuente y de la Calle.

Y LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Además, desde julio de 2019 está pendiente de renovar la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y su adjunto, que serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos.

El mandato de ambos puestos es de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración. La actual directora es Mar España Martí, elegida en tiempos del Gobierno Rajoy.

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