El Tribunal Supremo rebaja la condena impuesta a dos ex militares por extorsionar al hijo de Obiang

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha rebajado en un año la condena para los dos ex militares que formaban parte de una trama dedicada a la extorsión de varias personas a través de una empresa de seguridad a través de una empresa de seguridad que habían constituido. Entre los extorsionados se encontraba un hijo de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, que se alojaba en Ibiza.

Con ello, el Alto Tribunal estima parcialmente un recurso de casación sobre la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma y fija la pena para los ex militares --Miguel Segovia y Pablo Codesido-- a nueve meses de prisión y otros nueve de multa por ser responsables exclusivamente de un delito --simple y no continuado-- de descubrimiento y revelación de secretos públicos.

"Para llegar a esa penalidad, se tiene en cuenta la atenuante analógica de dilaciones indebidas, con su carácter de muy cualificada, y la exigida agravación que resulta del apartado 6 del citado art.197 del Código Penal, llegando a la mínima imposición", sostiene el fallo emitido por la Sala de lo Penal.

El Alto Tribunal mantiene el resto del contenido de la sentencia emitida por la Audiencia Provincial y que condenó a dos años y un mes de prisión impuesta el pasado mes de marzo a Francisco Javier Gómez Campillo, quien en 2000 era miembro de la benemérita, por los delitos de amenazas, extorsión, descubrimiento y revelación de secretos y realización de actividad profesional por parte de funcionario público al servicio de particulares en asuntos relativos a su propia oficina.

Con relación al hijo de Obiang, el relato de hechos probados de la sentencia de la Audiencia señala que a principios del mes de agosto de 2000 los acusados se dirigieron a la vivienda en la que éste, ministro de Bosques de Guinea Ecuatorial, estaba alojado en el municipio de Sant Antoni de Portmany, en Ibiza.

Allí le ofrecieron su servicio de seguridad, que fue rechazado. Tras ello, se hizo llegar a un miembro del séquito del ministro ecuatoriano, a quien se reclamó la entrega de un millón y medio de pesetas para cada uno de los tres acusados.

Otras víctimas de la trama fueron clientes de la aseguradora Whintertur, con las que contactaron cuando l empresa de seguridad que regentaban fue contratada por un perito de la compañía para que investigasen la veracidad de determinados siniestros.

A éstos también les extorsionaron, utilizando información que la Guardia Civil disponía sobre ellos en relación con la denuncia de determinados delitos, para que renunciaran pedir dinero a la aseguradora.