Tribunales.- (Ampliación) La Audiencia de Sevilla absuelve a los cuatro acusados del caso Ollero

Actualizado 31/07/2006 17:23:20 CET

SEVILLA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a los cuatro acusados del conocido como caso Ollero por el supuesto pago de comisiones en la adjudicación de las obras para el desdoble de la carretera que une el puerto de Las Pedrizas con Salinas, entre Málaga y Granada.

Así, se ha absuelto a Manuel Ollero, ex director general de Carreteras de la Junta de Andalucía; al hermano de éste, Jorge Ollero y a dos ex directivos de la constructora Ocisa --a la que se adjudicó la obra--, J.R.B. y L.N.M.

La sentencia, contra la que cabe recurso de casación y que ha sido emitida tras la celebración del segundo juicio por el caso Ollero, después de que el Tribunal Constitucional declarara nulas las escuchas telefónicas realizadas, a la que ha tenido acceso Europa Press, absuelve a los cuatro acusados precisamente porque la prueba de cargo existente "descansaba en las escuchas telefónicas y en las declaraciones sumariales de los acusados y de P.L., --anteriormente también procesado como supuesto intermediario pero que falleció en 1998-- sobre la obtención de dichas informaciones privilegiadas y el pago de dichas comisiones, declaraciones no corroboradas" en el juicio, al haberse acogido los acusados a su derecho a no declarar.

Para la Sección Primera de la Audiencia, en consecuencia de ello, "no se ha desplegado prueba de cargo obtenida con las garantías constitucionales debidas sobre los hechos en los que se sustentan las acusaciones por delitos de cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias, por lo que procede la absolución de los acusados" respecto a estos delitos.

Ante la posibilidad de que se diga que la condena por ello se podría fundamentar en las declaraciones de los dos ex directivos de Ocisa acusados sobre las cantidades entregadas a P.L. por trabajos realizados a Ocisa, que se desprende de cheques pagados a P.L. o por el pago en efectivo realizado por Ocisa, la sala apunta que "estos documentos sólo acreditan dichos pagos, no que fueran efectuados para pagar las reiteradas comisiones".

En la sala se cita igualmente que el pago de las mismas "tampoco se sustenta en los movimientos millonarios en efectivo de las cajas de Ocisa, si bien extraña y 'rechina' para el ciudadano medio que una empresa con el volumen de facturación y ejecución de obras como Ocisa tenga esas cajas de dinero en efectivo para realizar pagos ordinarios, así como la propia existencia de dos cajas de efectivo". Con todo, ello "en absoluto puede sustentar una sentencia condenatoria por los delitos indicados", lo que hubiera requerido "la probanza de esa información privilegiada, así como el pago de dichas comisiones", según el tribunal.

DINERO INTERVENIDO

Sobre los 22 millones de las antiguas pesetas intervenidos por la Policía a Jorge Ollero en un maletín, la sala dice que, aunque su existencia "no ha sido negada, de la prueba practicada se desconoce quién era el dueño del dinero, su origen y destino, ya que no se h acreditado que procediera de Ocisa", con lo que, una vez que la sentencia sea firme se dará a este dinero el destino legal correspondiente.

En suma, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla concluye diciendo que "procede dictar una sentencia absolutoria, ya que los mimbres probatorios con los que ha contado este tribunal, no han quedado probados los hechos".

Entre otros detalles, la sala, en 37 folios de sentencia, comenta que las declaraciones realizadas en la fase previa "no dependieron de su libre albedrío, no eran consecuencia de su voluntad de confesar su participación en los hechos, sino que estaban íntimamente relacionadas con esas audiciones y condicionadas por las mismas".

El ministerio fiscal había pedido dos años de suspensión para ocupar cargo público para el ex director de Carreteras; tres meses de arresto mayor para su hermano; y 26 y 28 meses de cárcel para los ex directivos de Ocisa.

La investigación por el caso Ollero se desarrolló a partir de 1992 y en 2001 el Tribunal Supremo confirmó el dictamen de la Audiencia de Sevilla por el caso, que condenó a Manuel Ollero a un año de inhabilitación para ocupar cargo público y a su hermano Jorge Ollero a tres meses de arresto mayor por tráfico de influencias. Sin embargo, dos años más tarde el Tribunal Constitucional declaró nulas las escuchas.