MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha absuelto a once condenados por la Audiencia de Málaga, en su sede en Melilla, a penas de entre 5 y 6 años de cárcel por cohecho y el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por haber formado parte de un grupo dedicado a facilitar en 2001 la entrada de inmigrantes ilegales en España. El alto tribunal les absuelve al anular como prueba de cargo las intervenciones telefónicas, cuyo contenido fue utilizado para condenarles.
En una sentencia hecha pública hoy, el Supremo declara la validez de las escuchas telefónicas realizadas en la causa como medio de investigación, pero no como prueba de cargo porque los procesados "no tuvieron acceso al contenido de las escuchas durante el juicio oral". "El contenido de lo escuchado por la Guardia Civil como consecuencia de un medio lícito de investigación ha sido utilizado como prueba de cargo. Y ello no es correcto porque no tuvo acceso a la vista oral", afirma la resolución.
El alto tribunal señala que "los trámites de las intervenciones telefónicas estuvieron correctamente acordadas y controladas por la autoridad judicial, habiéndose aportado las cintas originales de las conversaciones por la Policía Judicial al juzgado". Añade que la Fiscalía propuso como medio de prueba documental las cintas relativas a las conversaciones telefónicas mantenidas entre los miembros de la organización, pero en el juicio oral no se practicó la prueba propuesta por el fiscal y en la última de las sesiones celebradas dicha prueba se dio por reproducida.
Asimismo, recuerda que varios "testigos guardias civiles que declararon en el juicio coincidieron en manifestar que ellos no tenían seguridad alguna de lo que grabaron en las mencionadas intervenciones telefónicas".
CONDENADOS ENTRE 5 Y 6 AÑOS
La sentencia de la Audiencia de Málaga condenó a seis de los acusados, entre ellos un guardia civil, a penas de entre 5 y 6 años de cárcel y multas que oscilaban entre los 64.800 euros y 29.700 euros por cohecho y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otro de cohecho. Asimismo, absolvió a otros cinco de los procesados, entre ellos dos españoles.
La resolución de instancia consideró probado que los acusados formaban parte de un grupo dedicado a introducir ilegalmente inmigrantes en territorio nacional, contando con la colaboración de un guardia civil.
En los hechos probados, la sentencia recogía que varios de los acusados aceptaron el encargo de introducir en España inmigrantes ilegales, algunos de ellos menores, tal y como reconocieron en las conversaciones telefónicas interceptadas. Sobre el guardia civil, señala que en agosto de 2002, durante su servicio en la frontera de Farhana, no inspeccionó el maletero de un vehículo que entró a territorio nacional, sabiendo que en su interior se ocultaban tres inmigrantes.
