El TS confirma los 7 años y medio de cárcel impuestos al abogado Vioque por planear el asesinato del fiscal Zaragoza

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo confirmó hoy la condena de 7 años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia de Madrid al abogado de narcotraficantes Pablo Vioque Izquierdo como autor de un delito de proposición para el asesinato, por planear la "eliminación física" del entonces teniente fiscal Antidroga y actual fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, a principios de 2003, poco antes del inicio de un juicio que se iba a celebrar contra el letrado por tráfico de drogas.

La sentencia, al contrario que la de ayer que absolvió a Vioque de un delito de narcotráfico por la operación "Mas Madera", desestima todos los argumentos del recurso de casación del abogado, que alegaba que "la pluralidad de autores, la falta de habilidad de la invitación para desencadenar el delito y el desistimiento del ejecutor, impiden considerar que se haya producido una proposición para el asesinato". Sin embargo, el alto tribunal, como la sentencia de instancia, explica que la invitación fue concreta y eficaz, se identificó a la víctima, mediante fotografía y domicilio, se dieron instrucciones para perpetrar el delito y se realizaron entregas de dinero.

"Que el destinatario de la propuesta no sólo no estuviera dispuesto a aceptarla, sino que comunicó semejantes propósitos a la Policía y que, por tanto, la ejecución del delito no llegara a comenzarse, nos sitúa precisamente, en el terreno de la proposición para delinquir. De haber aceptado el encargo el sicario nos hubiera situado en la figura de la conspiración y si hubiera comenzado a ejecutarse el hecho, en la tentativa, como acto, no ya preparatorio, sino ejecutivo", explica el Supremo.

Tras rechazar la petición de Vioque de que se anularan las grabaciones existentes en la causa, el alto tribunal confirma también la condena a dos presos que compartían con Vioque el mismo módulo en la cárcel de Soto del Real (Madrid), aunque sólo uno de ellos recurrió en casación, el colombiano Diego León Cardona. Se trata del venezolano Freddy Tratales (penado con siete años y medio de cárcel), a quien el abogado encargó la búsqueda de un sicario para cometer el crimen cuando éste disfrutaba de un permiso carcelario, y de Cardona (cuatro años y medio de prisión) que sirvió de intermediario.

El tribunal de instancia consideró probado que Vioque, cuyo juicio por traficar con drogas comenzaría a principios de 2003 en la Audiencia Nacional, ideó el asesinato de Zaragoza durante su estancia en el Centro Penitenciario de Soto del Real. También planeó la muerte de otras personas residentes en Galicia y de dos letrados con despacho abierto en la calle Alberto Alcocer de Madrid, aunque no llevó a cabo ninguna actividad concreta para conseguir estos últimos objetivos.

Para llevar a efecto su plan se valió de Tratales, compañero de prisión, quien el 25 de noviembre de 2002 abandonó el centro para disfrutar de un permiso tras el cual no se reincorporó. La razón, según el tribunal es que "tenía el encargo, a cambio de compensación económica, de organizar los crímenes que le había encomendado Pablo Vioque", de quien percibió determinadas cantidades de dinero para buscar un sicario y comprar las armas necesarias para ejecutar los asesinatos.

MENSAJES DE TELETEXTO

Para comunicarse con Freddy, Vioque utilizó las llamadas telefónicas que realizaba desde prisión, el servicio de mensajes del teletexto de TVE y al también preso Diego Cardona, quien recibía vistas de su compañera sentimental Diana Carolina. Diego utilizaba los 'vis a vis' con su novia para transmitirle instrucciones que con posterioridad ésta haría llegar a Freddy.

Así, en el 'vis a vis' mantenido por la pareja el 21 de diciembre de 2002, Diego entregó a Diana un sobre con dos fotografías del fiscal. El sobre fue recogido por Carlos Henry Sabogal, amigo de Freddy, que llegó al bar donde se produjo la cita acompañado de su esposa Claudia Milena.

Vioque ordenó a su abogada María Ángeles Samaniego que entregara diversas cantidades de dinero, sin que conste que ésta conociera el destino de las mismas. La letrada estuvo acusada en el proceso hasta los últimos días de celebración del juicio, cuando quedó exonerada después de que la fiscal retirara la acusación contra ella.

Diego escribió de su puño y letra unas instrucciones que Vioque le dictó sobre la forma en la que debía ejecutarse a Zaragoza, y éste entregó el documento a su novia para que se lo hiciera llegar a Freddy, aunque la mujer nunca llegó a realizar la entrega.

Por su parte, Tratales contrató a un sicario y le dio las fotografías y la dirección del fiscal, además de 2000 euros para comprar un arma, apremiándole a realizar el crimen a principios de año, antes de que comenzara el juicio por drogas. El sicario advirtió de los planes a las autoridades y ha actuado en este proceso como testigo protegido.

En sus fundamentos de derecho, la sentencia, al igual que ahora ha hecho el Supremo, rechazaba las cuestiones de nulidad planteadas por la defensa, que alegó que las escuchas telefónicas que permitieron a la Guardia Civil seguir los planes de los asesino no fueron legales. Según el tribunal, las intervenciones telefónicas fueron realizadas "en virtud de una resolución judicial que tuvo en cuenta indicios objetivos sobre la comisión de un delito de extrema gravedad", por lo que fueron ajustadas a derecho.

Sobre la intervención del testigo protegido, la Sala afirmaba que no existió "provocación delictiva alguna", puesto que fueron en todo caso los acusados quienes deseaban llevar a efecto el asesinato de Zaragoza, "limitándose los agentes policiales a la obtención de pruebas" mediante las oportunas intervenciones aprobadas por el juez instructor.