El TS confirma la condena a 5 años de cárcel de un empresario valenciano por financiar un atentado islamista en Túnez

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 5 años de cárcel impuesta en mayo de 2006 por la Audiencia Nacional al empresario valenciano Enrique Cerdá, por colaborar con una organización terrorista islamista junto al paquistaní afincado en Logroño Ahmed Rukhsar -al que se condenó a la misma pena-. Se les consideró responsables de la financiación del atentado cometido contra la sinagoga de Djerba (Túnez) el 11 de abril de 2002.

La sentencia del Supremo rechaza todos los motivos de los recursos de casación presentados por las defensas de ambos condenados, al considerar que el tribunal contó con suficiente prueba, legalmente obtenida, para relacionar con el atentado diversas cantidades de dinero remitidas desde la empresa de Comercial Hispania de Calcomanías S.L, dedicada a la fabricación de baldosas, de la que era administradora única la hermana de Cerdá.

En el ataque a la sinagoga tunecina, que fue reivindicado por el Ejército Islámico por la Liberación de los Santos Lugares, integrado en Al Qaeda, murieron catorce ciudadanos alemanes, dos franceses y cinco tunecinos, y resultaron heridas una treintena de personas.

La sentencia del alto tribunal, de la que ha sido ponente el magistrado José Antonio Martín Pallín, subraya la importancia de las pruebas presentadas durante el juicio contra Cerdá, como las agendas intervenidas en su empresa, con múltiples referencias a Essa Ismail, "Issa de Karachi", a quien se considera autor del atentado.

COLABORAR FINANCIANDO.

En relación con los dos acusados, el Supremo precisa que la ayuda económica es una de las modalidades del delito de colaboración con banda armada, y que para condenar por ello "no es necesaria una adhesión ideológica a los objetivos políticos de la organización terrorista, basa con conocer su actividad y, consciente de ella, enviar dinero que puede coadyuvar a sus fines".

El alto tribunal rechaza los motivos alegados por los recurrentes en relación con la situación de rebeldía de Ismail, puesto que su ausencia podría afectar a la sentencia siempre que no hubiera otros medios para demostrar la relación y el conocimiento entre los acusados y el rebelde, lo que no se da en este caso.

Tampoco afecta a la validez de la sentencia que algunas sesiones del juicio oral no pudieran grabarse, puesto que "la grabación íntegra de las vistas no significa que necesariamente deben ser visualizadas y oídas por el Tribunal al que se recurre". En principio, esta posibilidad constituye "una innecesaria actividad que dilata injustificadamente el tiempo hábil para dictar resoluciones" sobre recursos de casación.

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.

Según el relato de hechos probados por la Audiencia nacional , Cerdá mantenía relaciones financieras con el militante de Al Qaeda "Issa de Karachi", y quien enviaba dinero directamente o a través de las personas que éste le ordenaba por medio de talones, cheques y pagarés, en ocasiones firmados en blanco.

A raíz de la primera relación, Cerdá entró en contacto con el jefe del Comité Militar de Al Qaeda, Khalid Shaykh Mohammed, alias "Mukhtar" o "el Cerebro", quien fue detenido el 1 de marzo de 2003 en Paquistán.

Khalid Shaykh Mohammed, vinculado con los atentados del 11-S y el cometido contra el World Trade Center en 1993, está considerado como quien planificó el atentado de la isla de Djerba. Según la sentencia, este terrorista dio el número de teléfono de Cerdá a Nizar Nouar, quien debía identificarse como "Abdallah Jafer" y dejar el recado "'Issa de Karachi' tiene un regalo de 5.720 euros". Además, el 16 de marzo de 2003 su hermano, Walid Mouar, telefoneó a Cerdá seis veces. Después Walid llamó a Nizar y Khalid Shaykh Mohammed.

En el registro realizado en la empresa de Cerdá se encontró diversa documentación relacionada con "Issa de Karachi", así como una factura por 6.501 euros expedida por New Ceramic System para que el empresario valenciano se la hiciera llegar al terrorista de Al Qaeda.

En sus fundamentos jurídicos, la sentencia de la Audiencia Nacional subrayaba que el empresario no pudo dar una explicación "lógica, coherente y mínimamente creíble" de porqué tantas personas relacionadas con el atentado cometido en Túnez tenían su número móvil, ni de porqué entregaba dinero a quien Karachi le decía. Además, no ha podido acreditarse a qué obedecen los pagos efectuados en todas las operaciones comerciales investigadas.