MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo (TS) ha consultado a las partes tras la petición del ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para declarar por escrito como testigos en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.
A través de una providencia, recogida por Europa Press, los magistrados que juzgarán a Ábalos, al exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama dan tres días de plazo a las partes personadas para que se pronuncien sobre esa solicitud.
Tanto Torres como Armengol alegaron su condición de expresidentes autonómicos --de Canarias y Baleares, respectivamente--, así como sus actuales cargos, para tratar de quedar exentos por ley de la obligación de acudir a declarar de manera presencial en el juicio y poder contestar por escrito a las preguntas que les remitan.
Por ello, el alto tribunal pregunta a las partes --defensas y acusaciones-- "sobre si el testimonio que ha sido declarado pertinente tiene relación con el ejercicio del cargo". "Y, en su caso, el contenido sobre el que deberá versar el informe al que se refiere la norma invocada", agrega.
En el calendario del juicio está previsto que Torres y Armengol testifiquen el próximo 22 de abril, con preguntas centradas previsiblemente en la adjudicación de contratos de mascarillas cuando eran presidentes de Canarias y Baleares a la empresa Soluciones de Gestión, presunto epicentro de la trama.
KOLDO DEFIENDE INTERROGARLES DE FORMA PRESENCIAL
La defensa de Koldo se ha opuesto a que ambos testifiquen por escrito señalando que "revelar el pliego de cuestiones de forma anticipada supondría 'preparar' a los testigos, eliminando la espontaneidad necesaria para que sus respuestas contribuyan a la búsqueda de la verdad material".
En un escrito al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, defiende que "solo el interrogatorio presencial garantiza que la defensa pueda reaccionar ante las respuestas de los testigos y confrontarlos con la realidad de lo acontecido".
Porque según argumenta su abogada, Leticia de la Hoz, "la lectura de un pliego de respuestas pre-redactadas impide al tribunal observar la espontaneidad y el lenguaje no verbal de los testigos", que son "elementos críticos para valorar la credibilidad de sus testimonios en una causa de esta trascendencia", en la que Koldo se enfrenta --incide-- a peticiones de hasta 30 años de cárcel.
Su defensa sostiene que una declaración escrita "cercena" su derecho "a realizar un interrogatorio dinámico", ya que "sin la posibilidad de repreguntar sobre la marcha ante respuestas ambiguas o evasivas, el interrogatorio pierde su finalidad constitucional".
Además, la abogada avisa de que las preguntas que realizará a Torres y Armengol no se limitarán a la gestión administrativa de mascarillas en la pandemia, sino que "abarcarán la totalidad de los hechos enjuiciados, con lo que no todo se ceñirá a cuestiones relacionadas con el ejercicio del cargo".