MURCIA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha dado un plazo de diez días a la Asociación Preeminencia del Derecho, representada por el abogado murciano, José Luis Mazón, para que presente el documento que acredita su voluntad expresa de interponer el recurso contencioso administrativo que pide la retirada del Cristo de la pedanía murciana de Monteagudo de su actual ubicación.
En cualquier caso, el TSJ de Madrid matizó que tal omisión es un "requisito subsanable". Así, Mazón explicó, en declaraciones a Europa Press, que aportará este documento dentro de plazo, con lo que acreditará la voluntad expresa de la Asociación Preeminencia del Derecho de interponer el recurso, y continuará el proceso contra el Cristo de Monteagudo.
En concreto, el TSJ de Madrid explicó que este requisito "no puede darse por cumplido con el poder aportado con el escrito de interposición", porque del mismo "lo único que se desprende es que Mazón tiene facultades para representar a la Asociación Preeminencia del Derecho, pero no consta la voluntad expresa de dicha persona jurídica de interponer" el recurso.
Además, la sala del TSJ de Madrid ha aceptado la personación en el proceso como parte de la Comunidad Autónoma y del letrado Diego de Ramón, ambos en calidad de codemandados. Estas nuevas partes "se suman al abogado del Estado, al Ayuntamiento de Murcia y a la Asociación de abogados en defensa de los símbolos culturales, constituida después de la reclamación de Mazón, con lo que suman cinco entre todas", recordó el abogado.
Mazón criticó que tanto la Comunidad Autónoma como el Ayuntamiento de Murcia "están utilizando fondos y potestades públicas al servicio de intereses particulares, porque ni el Ayuntamiento ni la Comunidad son partes interesadas en el tema del Cristo de Monteagudo", y reprochó que "están defendiendo los intereses electorales del Partido Popular a través de sus servicios jurídicos".
"Deberían ser más honestos y a instancias del Partido Popular de la Región de Murcia, con su abogado y su procurador de pago, y no utilizar a las instituciones con los mismos fines", aseveró.