MÁLAGA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no admitió a trámite y archivó la querella presentada por una notaria de Marbella (Málaga) contra el juez de Instrucción número 2 marbellí, Francisco Javier de Urquía, suspendido hoy cautelarmente de funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al existir sospechas de que podría haber cometido delitos de prevaricación y cohecho en relación con la operación 'Malaya'.
Esta querella fue presentada por un delito de prevaricación por Amelia Berguillos, decana de los notarios de Marbella, imputada en el denominado caso 'Hidalgo', contra el blanqueo de capitales en torno al despacho de abogados marbellí Cruz-Conde, que instruía hasta ahora dicho juez, en el que hay 24 imputados por el momento, entre notarios, abogados y supuestos clientes de dicho bufete.
La querellante entendía que la orden judicial de detención carecía de motivación y resultaba completamente arbitraria, al tiempo que estimaba que los indicios de los que hablaba el juez carecían de relevancia penal y que no se ponderó de forma individual la situación de la imputada.
Así, la Sala del alto Tribunal andaluz se declaró competente para el conocimiento de esta causa y decidió a través de un auto, al que tuvo acceso Europa Press, el archivo de las diligencias indeterminadas abiertas tras la presentación de la querella, al tener en cuenta el informe del fiscal, emitido en el sentido de proceder a archivar las actuaciones.
En dicho auto, dictado el 29 de junio pasado, se señalaba que las dudas sobre el modo más correcto de actuar respecto a la detención o no de la imputada "no pueden motivar la apertura de una causa criminal contra el juez instructor", en el que "no se advierte ningún designio prevaricador".
Aunque reconocía como válidos algunos de los argumentos de la querellante, como la posibilidad de haberla citado como imputada, dice que no se aprecia motivación "espuria" y "ajena a las necesidades de la investigación", sino que determinadas decisiones del juez se basaron "en la confianza sobre lo manifestado en los informes policiales".
"No se aprecia pues una ilegalidad flagrante ni una arbitrariedad concebida como uso de las facultades judiciales al servicio de un voluntarismo irrespetuoso con el principio de legalidad", se señala en el auto, en el que se añade que la prevaricación "no podrá producirse por acordar una detención sin motivación sino por dictarla sin motivo legal alguno o por motivos inequívocamente injustos".
El portavoz del Consejo, Enrique López, explicó hoy que el acuerdo de suspensión cautelar, se ha producido después de ser informado el CGPJ de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJA ha abierto diligencias penales contra el juez por la comisión de unos presuntos delitos de cohecho y prevaricación. El órgano de gobierno de los jueces ha contado con un informe favorable del fiscal del Tribunal Supremo Juan José Martín Casallo que se pronunció ayer.
La ejecución de la suspensión será llevada a efecto por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en los próximos días. Las diligencias penales están declaradas secretas "para tratar de defender y asegurar la investigación criminal respecto a estos hechos", añadió. "Lo que sí puedo anunciar es el que los hechos están relacionados con la investigación de lo que denomina en general 'Operación Malaya'", precisó el portavoz del CGPJ.
Por su parte fuentes del órgano de Gobierno de los jueces indicaron que la competencia corresponde al Tribunal Superior de Justicia correspondiente, en este caso el de Andalucía, debido a la condición de aforado del acusado. Añadieron que el juez instructor del 'caso Malaya', Miguel Ángel Torres, compañero de Juzgado de De Urquía, se topó por casualidad con el nombre del magistrado y lo remitió al organismo correspondiente.
El juez de Urquía declarará en los próximos días por las diligencias abiertas contra él por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una comparecencia que podría producirse incluso mañana, según indicaron a Europa Press fuentes jurídicas.
