BRUSELAS, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Miguel Poiares Maduro, pidió hoy la anulación de la norma comunitaria sobre refugiados -que establece las reglas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de asilado- al considerar que no respeta la potestad legislativa de la Eurocámara.
El Parlamento Europeo ha solicitado la anulación de algunas disposiciones de esta directiva, que data de 2005, y que fue adoptada por el Consejo por unanimidad y previa consulta a la Eurocámara, tal y como establece el Tratado, ya que define normas comunes y principios esenciales.
Los eurodiputados consideran que la definición de las normas comunes terminó con la adopción de dicha directiva, y que, a partir de ese momento, el Tratado establece que el Parlamento debe tener los mismos poderes que los Veintisiete a la hora de legislar sobre todo acto posterior en la misma materia, en particular sobre la determinación de las listas de países seguros.
Sin embargo, las disposiciones impugnadas de la norma sobre refugiados autorizan al Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión, a adoptar y modificar las listas de países seguros, dejando a la Eurocámara un mero papel consultivo.
En su dictamen de este jueves, el abogado general señala que una institución no puede determinar libremente por sí misma la manera en que ejerce sus competencias y modificar, con vistas a la adopción de un acto, el procedimiento previsto a tal fin por el Tratado. Sólo éste puede, en su caso, habilitar al Consejo para modificar el proceso decisorio.
Poiares cree que el hecho de que una institución modifique el proceso decisorio la lleva también a vulnerar el principio del equilibrio institucional, consagrado por el Tribunal de Justicia, que implica que cada una de las instituciones ejerce sus competencias sin invadir las de los demás y que prohíbe a una institución privar a otras instituciones de una prerrogativa que les atribuyen los propios Tratados.
Por estos motivos, el abogado general propone al Tribunal de Justicia que anule las disposiciones impugnadas por el Parlamento de la directiva sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado.
La opinión del abogado general no vincula al Tribunal de Justicia. Su función consiste en proponer, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del TUE comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto y la sentencia se dictará en un momento posterior.
