Pide medidas contra la erosión, salinización o pérdida de materiales orgánicos
BRUSELAS, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea propuso hoy una estrategia para proteger los suelos cuya medida más destacada consiste en obligar a los Estados miembros a identificar, en un plazo de 25 años, los lugares contaminados en su territorio, que ascienden aproximadamente a 3,5 millones en toda la UE, y tomar medidas de saneamiento.
Los Gobiernos deberán también actuar en siete años desde la entrada en vigor de la norma para reducir los riesgos de erosión, salinización, pérdida de materiales orgánicos, compactación o impermeabilización, aunque se les deja un amplio margen de flexibilidad para adaptar la iniciativa a las diferentes situaciones locales.
El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, destacó que "la calidad de los suelos europeos está cayendo a un ritmo alarmante" como consecuencia de la acción humana. Lo atribuyó a "los usos agrícolas, la contaminación de las industrias, el uso insostenible del territorio, la construcción, y los desarrollos turísticos".
Todo ello, recalcó, tiene un impacto negativo sobre la calidad del agua y del aire y puede reducir la calidad de los alimentos y poner en riesgo la salud humana y la de los animales. Además, insistió en que el suelo es un "recurso no renovable", en la medida en que cuesta siglos producir unos cuantos centímetros.
El Ejecutivo comunitario destacó que la erosión causada por el agua afecta a 115 millones de hectáreas, el 12% del territorio europeo, y 42 millones de hectáreas sufren de la erosión del viento. Por lo que se refiere a la reducción de materiales orgánicos en el suelo, la situación es particularmente preocupante en el sur de Europa, pero también en partes de Francia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Suecia.
Entre el 36% y el 32% del suelo europeo corre el riesgo de compactación, provocada por un uso inadecuado de maquinaria pesada en la agricultura. En cuanto a la salinización, afecta a 3,8 millones de hectáreas, y es especialmente grave en el Delta del Ebro; en la región italiana de Campania; y el Gran Alföld, en Hungría.
Además, Alrededor de un 9% de la superficie comunitaria está cubierta de materiales impermeables, como el cemento, con un aumento del 6% entre 1990 y 2000. Finalmente, los deslizamientos de tierra son cada vez más frecuentes en las regiones alpinas y mediterráneas.
FLEXIBILIDAD
En la actualidad, sólo nueve de los Veinticinco Estados miembros tienen legislación específica sobre la protección del suelo, pero normalmente se limita a riesgos muy específicos, como la desertificación en España, Grecia, Italia y Portugal; o la contaminación en Países Bajos, Alemania y Bélgica. Para el Ejecutivo comunitario, estas normas no son suficientes.
Por ello, propone una directiva marco que establezca principios comunes, objetivos y medidas. Obliga a los Estados miembros a adoptar un enfoque global para identificar y combatir la degradación del suelo, tomar medidas preventivas e integrar la política de protección del suelo en otras políticas. Pero permite flexibilidad para que sean los Estados miembros los que decidan sobre el nivel de ambición y los objetivos concretos, porque hay una gran variedad entre los 320 tipos de suelo identificados en Europa.
Para combatir el problema de la impermeabilización, Dimas propone medidas compensatorias como por ejemplo la recuperación de las zonas industriales en desuso que normalmente se encuentran en las periferias para hacerlo.
Los Estados miembros tendrán que identificar además en un plazo de 7 años las zonas con riesgo de erosión, salinización, deslizamientos, compactación o reducción de materia orgánica. A continuación, deberán establecer objetivos de reducción de riesgo para esas áreas y establecer programas con medidas para lograrlos.
Finalmente, cada país debe elaborar un inventario de suelos contaminados en un plazo de 25 años, tomar medidas para que la contaminación no se extienda y diseñar una estrategia de saneamiento.
COSTES
La Comisión calcula que los costes de la erosión, salinización, reducción de materia orgánica, deslizamientos y contaminación ascienden a 38.000 millones de euros y minimiza los de las medidas de protección que propone. Identificar las zonas de riesgo costará menos de 2 millones de euros al año, y al cabo de los 25 años previstos para inventariar todos los lugares contaminados, el coste podría ascender a 240 millones de euros. No se calcula el impacto financiero de las medidas correctoras porque dependerá de lo que decida cada país.
El Ejecutivo comunitario tampoco se pronuncia sobre quién debe asumir estos costes, aunque apunta que tendrán que repartirse entre los propietarios de la tierra, los sectores económicos, los presupuestos nacionales y las arcas de la UE.
Cuando se venda un terreno que pueda estar contaminado, el comprador o el vendedor deberán dar un certificado sobre el estado del suelo a la otra parte y a la Administración.
