ESTRASBURGO (FRANCIA), 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado que ningún condenado por delitos de corrupción pueda acceder a un cargo público en la Unión Europea durante al menos cinco años, al tiempo que ha pedido cerrar también la licitación de contratos públicos a quienes hayan cometido ese y otros "delitos graves contra el interés público", como la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales y el tráfico de personas.
El informe respaldado por los eurodiputados reunidos esta semana en Estrasburgo (Francia) a mano alzada forma parte de los trabajos de preparación de la estrategia contra los crímenes transfronterizos que los 27 fijarán el próximo octubre, y señala la necesidad de "intensificar la cooperación policial y judicial" en la Unión Europea y con los terceros países para combatir la delincuencia organizada.
El objetivo es proteger la economía europea de delitos financieros que, según datos de la Comisión Europea, mueven cerca de 120.000 millones de euros al año en la Unión Europea, es decir el 1 por ciento del PIB comunitario. A escala global, las actividades ilícitas suman cerca del 3,6 por ciento del PIB mundial, de acuerdo a Bruselas.
El texto que adoptaron los eurodiputados este martes advierte a los partidos políticos de que su responsabilidad a la hora de elegir candidatos o de confeccionar las listas electorales implica también el "supervisar la calidad" de los seleccionados. Deben contar con un "estricto código de ética" y de conducta con normas "claras y transparentes" sobre las donaciones a partidos políticos.
En este contexto, la Eurocámara recomienda a los Estados miembros que introduzcan y apliquen, como "elemento del sistema de sanciones", el principio de "no elegibilidad" que dejaría fuera a los condenados por corrupción. Y apuesta por un periodo "no inferior a cinco años" para el castigo para que abarque todos los tipos de comicios.
Además de alejar a los corruptos de los cargos y contratos públicos, los eurodiputados plantean que se ponga fin al secreto bancario, por lo que reclaman la colaboración de los bancos, compañías de seguros e instituciones financieras para que faciliten "toda la información sobre las entidades corporativas y los beneficiarios finales".
También abogan por establecer las herramientas informáticas necesarias para permitir la trazabilidad de los movimientos financieros y la detección de los casos delictivos.
Para avanzar en la lucha contra el crimen organizado, la Eurocámara cree además necesario que Bruselas legisle para crear un "programa europeo eficaz de protección" para quienes colaboran con la justicia y denuncian a los corruptos, así como a quienes testifican o informan durante la investigación.
Los eurodiputados han aprovechado este informe para reiterar la necesidad de contar con una Fiscalía europea y pide a la Comisión una propuesta concreta al respecto de aquí a septiembre.
