ESTRASBURGO (FRANCIA), 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo (PE) aprobó hoy un informe sobre la eficacia de la ayuda destinada a los países en vías de desarrollo que reclama la creación de un sistema internacional de 'listas negras' de dictadores y regímenes corruptos, para evitar que los bancos les presten grandes sumas de dinero.
El texto elaborado por la comisión de desarrollo muestra su preocupación por el uso de fondos comunitarios en países con altos índices de corrupción y pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros elaborar un listado de regímenes y representantes de gobiernos corruptos para mejorar la eficacia de la política de desarrollo de la UE, el mayor donante del mundo.
Además, considera que el Ejecutivo comunitario debe centrarse "en la responsabilidad y la transparencia" cuando diseñe sus programas de desarrollo ya que, en opinión de la Eurocámara, unos mecanismos de responsabilidad débiles tienden a facilitar la corrupción. Para lograr mayor transparencia en los planes de ayuda presupuestaria, propone que se publique la "información relevante" sobre la ayuda desembolsada en el país beneficiario, de manera que los agentes civiles y los parlamentos estén al corriente y participen en el proceso.
También recomienda que las ayudas vayan destinadas siempre a un sector específico y acompañadas de un diálogo político para mejorar la gestión financiera pública, "reduciendo el riesgo de corrupción o malversación de fondos". La autora del informe, la eurodiputada socialista holandesa Margrietus van den Berg, plantea, asimismo, prohibir las adquisiciones o los contratos públicos con empresas que empleen a personas "implicadas en casos de corrupción con ministros o funcionarios gubernamentales".
A los Estados miembros con centros financieros, les solicita que adopten "todas las medidas jurídicas y administrativas necesarias" para garantizar que se puedan repatriar al país de origen todos los fondos adquiridos de manera ilícita. El informe aprobado hoy subraya la importancia del papel de la sociedad civil de los países destinatarios en el fomento del "control voluntario de la corrupción".
Otros agentes, como los políticos, los funcionarios de los distintos gobiernos, las multinacionales o unos medios de comunicación libres, deben tener todo el apoyo de la Unión Europea en su lucha contra la corrupción, indica el texto. Por otra parte, sugiere que los parlamentos nacionales, como autoridades presupuestarias, aumenten sus capacidades a la hora de supervisar las finanzas públicas.
Además, plantea la creación de órganos de control por parte de la sociedad civil de los países en vías de desarrollo que requieran a sus gobiernos "un sistema de comprobación y balance" y pide a la Comisión Europea que apoye ese proceso "reservando un porcentaje adecuado de la ayuda presupuestaria para los órganos de la sociedad civil".
A nivel internacional, la Eurocámara invita a todos los Estados miembros y a los países signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2003 a ratificarla, así como el Convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, de 1997.
UN CUARTO DEL PIB AFRICANO
La ponente del informe recuerda que los países con altos niveles de corrupción ven obstaculizado su crecimiento y corren el riesgo de quedar marginados en la economía global. El Banco Mundial calcula que cada año se paga más de un billón de dólares en sobornos en todo el mundo. La Unión Africana, por su parte, estima que la corrupción cuesta a las economías africanas más de 148.000 millones de dólares al año, lo que equivale al 25% del PIB africano.
"Los pobres son los que sufren principalmente los efectos de la corrupción, ya que tienen un acceso restringido a los bienes públicos y disponen de unos servicios básicos de menor calidad", sostiene el documento parlamentario, que indica también que ello puede afectar directa e indirectamente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como el mayor donante de fondos del mundo, la Unión Europea es consciente de que la ayuda es menos eficaz en los países con mayor índice de corrupción.
