BRUSELAS 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las delegaciones del Parlamento Europeo, Ejecutivo comunitario y Consejo han logrado un acuerdo sobre el contenido de la llamada 'Iniciativa Ciudadana Europea', un nuevo instrumento previsto por el Tratado de Lisboa y que permitirá a los ciudadanos europeos promover propuestas legislativas si reúnen un millón de firmas de apoyo, procedentes de un cuarto de los Estados miembros y no de un tercio como pedía Bruselas, ha informado la Eurocámara.
El acuerdo establece que la admisibilidad de la iniciativa se deberá establecer en el momento de su registro y no tras haber logrado el apoyo de 300.000 firmas, que es el umbral que la Comisión quería fijar antes de examinar si es competente o no para legislar en el ámbito de la propuesta.
Sí será necesario que la propuesta sea registrada por una 'comisión ciudadana' de la que formen al menos siete europeos procedentes de otros tantos países comunitarios. El objetivo es garantizar que la petición está "bien fundada" y tiene una "dimensión europea", según la Eurocámara.
Otro de los cambios introducido en las negociaciones es que las firmas recogidas deberán representar a un cuarto de los Estados miembros (hoy, siete países de los 27) y no a un tercio como constaba en el texto inicial, ni una quinta parte como pedía el Parlamento. Una vez que una Iniciativa Ciudadana Europea alcance el millón de firmas, el Ejecutivo comunitario debe asegurar que tendrá un "seguimiento" y, al menos, ser sometida a una audiencia pública.
Además, será cada Estado miembro el responsable de comprobar la autenticidad de las firmas procedentes de sus nacionales y la Comisión Europea tendrá que poner a disposición de los organizadores de cada iniciativa una guía con la metodología y un punto de contacto.
El reglamento tendrá que ser revisado en un plazo de tres años, frente a los cinco años propuestos por Bruselas.
Las partes prevén respaldar formalmente el acuerdo antes de que finalice el año, la Eurocámara podrá hacerlo en el pleno de la semana próxima, y los Estados miembros tendrán un año para incorporar esta iniciativa a sus legislaciones.