El PSOE cree que es una "perogrullada" porque ya está la Ley de Partidos y recuerda que ilegalizar requiere datos y pruebas
MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que persigue que el Gobierno, antes de las próximas elecciones generales, inicie los trámites para la ilegalización de "todas las organizaciones que fomenten el odio, el racismo y la xenofobia y actúen contra los valores constitucionales" y cree una Fiscalía Especial "contra la violencia motivada por la ideología el racismo y la xenofobia".
El encargado de anunciar esta iniciativa fue el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, quien demandó que se ilegalice a todos los grupos u organizaciones "fascistas, sean del signo que sean" que "utilicen la violencia".
Según explicó, el objetivo de esta proposición no de ley es hacer frente a los "hechos intolerables" que, según dijo, han tenido lugar en las últimas semanas. En concreto, mencionó, equiparándolos, los "sucesos trágicos" que tuvieron lugar hace dos fines de semana en Madrid y el pasado en Barcelona, en referencia, respectivamente, al asesinato del adolescente Carlos Javier Palomino presuntamente a manos de un militar simpatizante de Democracia Nacional y a los disturbios con los que acabó la manifestación antifascista del pasado sábado en el Ciudad Condal.
"Estos sucesos trágicos no se pueden consentir ni, en la medida de lo posible, repetir. Mirar para otro lado es un error", avisó Zaplana, quien rehusó concretar si lo que persigue su partido es la ilegalización, por ejemplo de Democracia Nacional, alegando que es el Gobierno el que debe "identificar" a los causantes de los hechos ocurridos en Madrid y Barcelona.
En este sentido, insistió en que hay que poner fin a la "sensación de impunidad" con la que, a su juicio, actúan estos grupos, y "combatir al fascismo sea del signo que sea, si es que tiene signo", porque "no se puede ser comprensivo con quien utiliza la violencia". "La calle tiene que ser de los demócratas y a los fascistas hay que combatirlos con toda la fuerza de la ley", proclamó Zaplana resumiendo la filosofía de la proposición no de ley registrada por su partido.
AGRESIÓN A LA CIUDADANA ECUATORIANA.
En el texto que quiere someter a votación, el PP señala que el "reciente asesinato de un menor de 16 años apuñalado en Madrid por un joven perteneciente a un grupo fascista que acudía a una manifestación autorizada por la Delegación del Gobierno contra los inmigrantes" no ha sido "un hecho aislado" y recuerda que se produjo pocas fechas después de la "agresión xenófoba" de la fue víctima una joven ecuatoriana en el Metro de Barcelona.
A continuación, el PP destaca que las manifestaciones de "grupos extremistas y violentos" que han tenido lugar esta semana en toda España y que se han "saldado con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado heridos y armas de todo tipo incautadas han creado alarma social" y han puesto de relieve la conveniencia de atajar "la violencia de grupos radicales con tintes políticos y xenófobos" que se ha consolidado en otros países europeos.
Así, tras denunciar que los poderes públicos no impidan este tipo de manifestaciones, emplaza al Gobierno a tomar medidas ante el "resurgimiento de los grupos políticos radicales, la violencia callejera o las manifestaciones xenófobas". Concretamente, reclama la aplicación del artículo 9 de la Ley de Partidos "para prohibir las organizaciones que fomenten la violencia o el racismo" e "impedir las manifestaciones que inciten a la violencia y vayan contra la inmigración o contengan cualquier otra actitud xenófoba".
Inicialmente, el PP barajó incluir otro punto en su proposición no de ley instando al Gobierno a iniciar las medidas necesarias para, de acuerdo con lo ya establecido en la ley, a los delitos violentos de inspiración xenófoba se les otorgue el mismo tratamiento que alos delitos de terrorismo.
PSOE: UNA OBVIEDAD
En una rueda de prensa posterior, el portavoz del Grupo Socialista, Diego López garrido, se refirió al anuncio de Zaplana asegurando que pedir actuaciones contra partidos que utilizan la violencia es "una obviedad" y "una perogrullada", ya que así se recoge de forma "muy clara" en la Ley de Partidos Políticos de 2002.
Ahora bien, avisó al PP de que, para promover esa ilegalización hay que determinar "nombres y apellidos" de una organización concreta y reunir "datos y pruebas" que confirmen su reiterada vulneración de los principios democráticos, tarea que debe valorar, recordó, la Fiscalía.
