MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha exigido al Gobierno que aclare si una pareja de la Guardia Civil, al parecer adscrita al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ejerció como escolta de escolta de la alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein y de su hijo durante la estancia de ambos en Madrid. También pide datos sobre quién ordenó este servicio de protección, si aún continúa activo y si se sufragó con dinero público.
Con el objetivo de obtener información sobre estos supuestos "privilegios" de la noble alemana, el grupo parlamentario que lidera Rosa Díez ha registrado una serie de preguntas escritas al Gobierno en el Congreso.
Tras recordar que todavía no está clara la relación "tanto personal como profesional" de Corinna "con la Casa Real y el Gobierno", UPyD agrega han surgido "datos que ponen en cuestión la posición de privilegio de dicha persona".
POR ORDEN DE DEFENSA
La formación magenta explica que, a tenor de lo publicado en distintos medios, la presunta escolta de Corinna fue asignada por el ministerio de Defensa, uno de los extremos sobre los que pide explicaciones al Ejecutivo.
Así, UPyD quiere saber si estas informaciones "son ciertas", y, de serlo "por qué motivos una persona que no representa una institución pública posee una escolta sufragada con fondos públicos". Asimismo, pregunta al Ejecutivo si "se han sufragado más gastos" de Corinna con cargo al erario público.
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, como diputada autorizada por el Pleno del Congreso para conocer información clasificada como secreta, tendrá la oportunidad el día 19 de preguntar estas cuestiones al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán, que ese día comparecerá ante la Comisión de Gastos Reservados.
También Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) tiene una serie de preguntas registradas en el Congreso para conocer si se han dispuesto instalaciones y medios del Estado para las estancias en nuestro país de la mencionada ciudadana alemana. Estas cuestiones siguen pendientes de respuesta pese a haber cumplido los 30 días perceptivos para que el Gobierno conteste por escrito.
