MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
La portavoz parlamentaria de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, obligará el próximo miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a pronunciarse en el Pleno del Congreso sobre el "reparto" entre partidos de la "tarta" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un pacto que la formación magenta ya ha anunciado que recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional por considerar que vulnera el espíritu de la Carta Magna.
"¿Cree el presidente del Gobierno que el reparto entre los partidos políticos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial es compatible con la exigencia social y ciudadana de regeneración democráticas?", reza el interrogante registrado por la formación magenta para Rajoy.
El partido que lidera Rosa Díez tenía previsto dirigirle esta pregunta en la última sesión de control al Gobierno, pero como en ese Pleno el presidente ya tenía cubierto el cupo semanal de preguntas, la cuestión quedó en el aire para que fuera finalmente el presidente y no uno de sus ministros el que la conteste.
ACUERDO "INDECENTE"
La formación magenta aprovechará su interrogante a Rajoy para volver a denunciar el acuerdo "vergonzoso" e "indecente" al que llegaron el PP, el PSOE, CiU, IU, PNV y UPN para designar a los 20 nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces (diez nombrados por el Congreso y otros diez por el Senado), que este mismo miércoles juraron o prometieron sus cargos ante el Rey por la mañana y que este mismo lunes elegirán a su nuevo presidente.
Nada más conocer la firma del pacto, Díez acusó a los partidos firmantes de estar contribuyendo una vez más a que en España no haya una Justicia independiente, y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de haber "incumplido" su promesa de reforma el sistema de elección de los miembros del CGPJ, razón por la cual han pedido su comparecencia en la comisión parlamentaria del ramo.
"Se empieza por la universalizar al máximo los aforamientos y se termina por controlar a los jueces del Tribunal Supremo --planteó entonces--. "¿Cómo vamos a acabar con la corrupción si los propios partidos nombran a los jueces que pueden acabar juzgándoles?".
'PLANTE' Y RECURSO ANTE EL TC
Pero la ofensiva de UPyD no sólo se ha quedado en palabras. De hecho, la diputada magenta Irene Lozano llegó a abandonar la Comisión de Nombramientos del Congreso donde se juzgaba la idoneidad de los cuatro juristas que correspondía designar a la Cámara Baja por considerar este trámite una "pantomima".
Y a la semana siguiente, cuando el Pleno del Congreso dio el visto bueno definitivo a los 10 vocales pactados (4 juristas y 6 magistrados o jueces), la líder de UPyD anunció que su partido iba a recurrir en amparo al Tribunal Constitucional un acuerdo que supone, según sus palabras, "una burla a la democracia", y que instaría a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, presentara una impugnación de fondo.
