Critica el "incomprensible" cambio de criterio de Andreu y que 12 exdirectivos usaran las tarjetas ignorando irregularidades"
MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha recurrido en la Audiencia Nacional el archivo de la causa seguida por las tarjetas 'black' contra el exjefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, y otros once exdirectivos de Caja Madrid, al entender que estos plásticos estaban configurados como una "sutil manera de comprar sus voluntades" y que todos ellos, con una alta cualificación profesional, eran "perfectamente conscientes" de que su utilización era "ilegítima".
Así consta en el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, que la formación magenta ha presentado contra la decisión del juez instructor Fernando Andreu de sobreseer provisionalmente el caso de estos doce exdirectivos al entender que se trataba de un complemento retributivo de libre disposición y que no puede atribuírseles un delito de administración desleal como a los exmiembros del Consejo de Administración y del Comité de Control, que aprobaron la concesión de las tarjetas.
UPyD reprocha al magistrado que haya cambiado de forma "incomprensible" y "repentina" su criterio inicial, sin que exista "ningún nuevo elemento que lo justifique" y sin que ellos ni las entidades hayan despejado los "sobrados" indicios de criminalidad que concurren en la causa.
La acusación popular se muestra sorprendida por que el juez Andreu les mantenga como partícipes a título lucrativo del delito que presuntamente habrían cometido los exconsejeros que les dieron las 'visa' y considere a estas como parte de su retribución. "¿Cómo puede formar parte del paquete retributivo unas disposiciones variables en función del uso dado a la tarjeta, ocultadas a la propia entidad pagadora, concedidas sin soporte contractual y al margen de cualquier control fiscal o de índole laboral?", se pregunta.
UN TAMAÑO "DESPROPÓSITO"
"¿Se convierte en legítimo tamaño despropósito simplemente porque tales tarjetas fueran entregadas siguiendo las instrucciones del presidente de la entidad? ¿Acaso podemos creer que los directivos eran desconocedores de todas las circunstancias anteriores?", cuestiona, para asegurar que el derecho laboral no permite los complementos retributivos de libre disposición y que el salario debe estar sujeto a un pacto contractual y ser perfectamente determinado.
En este sentido, esta parte alega que el Estatuto del Trabajador no permite al empleado renunciar a su salario, por lo que se pregunta si los directivos que no agotaron el límite asignado a su tarjeta estaban haciéndolo o estaban realizando una "donación" a la entidad.
"En suma, defender que las tarjetas de crédito eran parte del salario es, dicho con el máximo respeto y estricto ánimo de defensa, puro voluntarismo. Las tarjetas opacas, lejos de ser un concepto retributivo, eran una sutil manera de comprar las voluntades de los Directivos, que los mismos aceptaron a pesar de ser perfectamente conscientes de que su mero uso era ilegítimo", añade.
Dicho esto, el partido que lidera Rosa Díez pone de relieve que "el más elemental sentido común" impone al perceptor de una retribución conocer su naturaleza y alcance, "máxime cuando nos encontramos ante una "práctica" inédita en el ámbito empresarial y ciertamente sospechosa". "Cuestión que se agrava si nos encontramos no ante meros empleados sino ante directivos de alta cualificación profesional", precisa.
Por último, UPyD concluye que los doce exdirectivos pueden ser responsables como cooperadores necesarios de un delito de administración desleal por aceptar las 'visa', "prefiriendo ignorar las múltiples irregularidades" que rodeaban a estas "inéditas" tarjetas en el mundo empresarial y sin realizar la "más mínima comprobación o pregunta" sobre su licitud.
LEVANTAMIENTO DE LA IMPUTACIÓN
Andreu archivó el pasado 5 de mayo la causa por las tarjetas 'black', aunque les mantuvo como partícipes a título lucrativo del delito de los administradores, para el exdirector general de Caja Madrid y número dos de Miguel Blesa, Matías Amat, y el exsecretario general del Consejo de Administración Enrique de la Torre.
También sobreseyó provisionalmente las actuaciones seguidas contra el exdirector de Sistemas y Organización de Caja Madrid Ricardo Morado (que gastó 443.000 euros); el ex director general de Banca Comercial Ramón Ferráz Ricarte (390.000); el exdirector de Banca Comercial y ex consejero delegado de la Corporación Caja Madrid Mariano Pérez Claver (354.100) y el exdirector de Comunicación Juan Manuel Astorqui (287.000).
Completan esta relación el ex director gerente de la Obra Social Caja Madrid Carlos María Martínez (271.900); la exdirectora de Auditoría Interna y exdirectora gerente de la Obra Social Carmen Contreras (277.000); el director de la Banca de Negocios Carlos Vela García (246.000); el exdirector de Riesgos Ramón Martínez Vilches (99.000) y el exdirector del Gabinete del Presidente y exdirector de Gestión de Activos Luis Gabarda Durán (134.800 euros).
