Usuarios de la Comunicación avisa de que las TV autonómicas deben ser "plurales", sea la gestión privada o pública

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha recordado que la Ley General de Comunicación Audiovisual obliga a las televisiones públicas autonómicas a respetar "el pluralismo en la opinión" y el resto de obligaciones contempladas dentro del servicio público que ofrecen, independientemente de que se reforme la ley para permitir que cada comunidad autónoma elija si prefiere un modelo de gestión público, privado o mixto.

En este sentido, la AUC recuerda que el proyecto de Ley, estudiado por el Consejo de Ministros del pasado viernes, no plantea la privatización de los canales autonómicos, sino la posibilidad de privatizar total o parcialmente (mediante la externalización de servicios) la gestión de una oferta audiovisual, la autonómica, que "sigue manteniendo según la normativa su consideración de servicio esencial de interés económico general y su función y misión de servicio público".

Así, la asociación subraya que se seguirá exigiendo a los posibles gestores indirectos privados de esas televisiones autonómicas no sólo la difusión de contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales, sino también el pluralismo en la opinión, la variedad y equilibrio en los géneros, la emisión de contenidos culturales, y la atención a los ciudadanos y grupos sociales que no son destinatarios de la programación mayoritaria.

Asimismo, la gestión privada tampoco podrá poner en cuestión el mantenimiento y fomento de un entorno transmediático, con radio, televisión e Internet en convergencia. De hecho, se mantiene en la norma la obligación de que "todo prestador del servicio público de comunicación audiovisual deberá contar con la organización y estructura suficiente y necesaria para asegurar el cumplimiento de la misión de servicio público que le haya sido encomendada".

La AUC, también recuerda que, aunque una televisión autonómica sea gestionada indirectamente por un operador privado, deberá someterse al control de los parlamentos autonómicos y en su caso de la autoridad audiovisual. Asimismo, los criterios editoriales deberán provenir de un órgano "cuya composición refleje el pluralismo político y social del ámbito de su cobertura".

Por otro lado, la asociación lamenta "algunos aspectos poco claros de la reforma planteada" por el Gobierno, ya que se mantiene la restricción para los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de titularidad pública de "participar en el capital social de prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual".

La asociación considera necesaria una mayor claridad en relación a la cobertura del servicio público y a las posibles ayudas públicas en un modelo de gestión indirecta o mixta. Asimismo, la AUC lamenta que el proyecto de ley mantenga la actual referencia recogida en la Ley General de Comunicación Audiovisual según la cual "el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán acordar la prestación del servicio público de comunicación audiovisual".

Para la AUC, esta fórmula, que fue ya criticada por la asociación con motivo de la aprobación de la Ley de 2010 porque parece otorgar una cierta discrecionalidad a la existencia de la televisión pública estatal, "preocupa aún más a la luz del presente Proyecto de Ley, ya que esa desafortunada redacción abre la puerta a un posible arrinconamiento e incluso desaparición de la televisión pública".