Vascas.- El TS habilita un horario de 24 horas entre 4 y 7 de febrero para tramitar impugnaciones a D3M y Askatasuna

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo se encuentra ya preparado para tramitar los recursos que previsiblemente le planteará la próxima semana la Fiscalía y la Abogacía del Estado para evitar la concurrencia de las formaciones Democracia Tres Millones (D3M) y Askatasuna a las elecciones autonómicas del próximo 1 de febrero en el País Vasco.

Fuentes del alto tribunal señalaron que, a estos efectos, se ha habilitado a la Sala del 61, que es la competente en este asunto, durante 24 horas los días 4, 5, 6 y 7 del próximo mes que son los que, en función del calendario electoral, están previstos para la presentación de las impugnaciones por vulneración de la Ley de Partidos Políticos (LPP) y la consiguiente resolución del alto tribunal al respecto.

Durante esos días, según las mismas fuentes, se ha previsto la presencia de funcionarios durante la mañana y la noche, con el fin de poder registrar y dar trámite urgente a las impugnaciones con independencia de la hora a la que éstas se presenten.

Según este calendario, tras la proclamación de las diferentes candidaturas el próximo lunes, 2 de febrero, las listas aparecerán publicadas el 3 de febrero en el Boletín Oficial del País Vasco. El Gobierno y la Fiscalía podrán impugnarlas ante la Sala del 61 los días 4 y 5, y el Supremo deberá resolver sobre este asunto antes de las 12.00 de la noche del día 7.

Posteriormente, si alguno de las partes no está de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo podrá recurrir ante el Constitucional, por vulneración de derechos fundamentales, durante los días 8 y 9. Para resolver, este tribunal tendrá de plazo hasta las doce de la noche del día 12, que es cuando comienza la campaña electoral.

La actuación contra D3M y Askatasuna en la que ya están trabajando el Ministerio Público y los servicios jurídicos del Estado, en el caso de encontrar elementos suficientes contra sus integrantes, consiste en la impugnación de sus candidaturas ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, tal y como se hizo en mayo de 2007 con 133 candidaturas municipales de ANV.

En este caso, la Fiscalía y la Abogacía del Estado alegarían que estas dos formaciones vulneran la Ley de Partidos y el cumplimiento de la sentencia de ilegalización de Batasuna que el Supremo dictó en marzo de 2003, por ser sucesores de esta formación.

El fiscal-jefe del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, cuenta desde la semana pasada con un conjunto de informes policiales que, según fuentes jurídicas, permiten establecer "una vinculación histórica" entre los partidos que pretenden concurrir a los comicios y Batasuna, Herri Batasuna y otras formaciones de la denominada izquierda abertzale.

VÍA PENAL A TRAVÉS DE GARZÓN.

Otra de las vías para impedir la actuación de ambos partidos es la penal, que permite dictar una suspensión cautelar de las actividades de las formaciones D3M y Askatasuna en el caso de existir datos que acrediten, indiciariamente, que sus miembros incurren en la comisión de un delito de colaboración o integración en organización terrorista.

En el caso de estos dos partidos, el juez responsable del sumario vinculado con los dos partidos es Baltasar Garzón, quien ya ha adelantado trabajo en este terreno al decretar, en la madrugada del pasado domingo, el ingreso en prisión de ocho representantes de D3M y Askatasuna directamente vinculados con la estrategia electoral de la izquierda abertzale para conseguir estar presente en las elecciones vascas.

En el auto el juez reflejaba ya su sospecha de que los dos partidos actúan como "marcas electorales" de ETA, en función de la documentación incautada en los registros de los domicilios de los arrestados y en otras sedes afines a la ilegalizada Batasuna, que aún debe ser analizada.

En el caso de que Garzón decretara la suspensión, ninguna de las dos formaciones podría concurrir a estas elecciones ni a otras en el plazo de tres años. La aplicación de esta medida provoca otros efectos como la clausura de sedes, locales o establecimientos; el embargo y bloqueo de cuentas, depósitos y demás activos financieros; la prohibición de llevar a cabo actividades orgánicas, públicas, privadas e institucionales en organismos públicos, registros, bancos y asociaciones o de participar como partidos en cualquier actividad de ámbito nacional o internacional, público o privado o institucional.

El propio Garzón decretó el 8 de febrero de 2008 la suspensión de actividades del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y ANV. En agosto de 2002 dictó esta misma medida en el caso de Batasuna.

POSTERIOR ILEGALIZACIÓN

A todas estas actuaciones, que impedirían a D3M y Askatasuna presentarse a las elecciones del 1 de marzo, podría sumarse a medio plazo su proceso de ilegalización, que también se ejecutaría ante la Sala del 61 del Supremo a iniciativa de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Mediante este procedimiento el alto tribunal llevó a cabo la ilegalización tanto de Batasuna como más recientemente, en septiembre de 2008, de PCTV y ANV.