De la Vega cree que hay "margen para poder llegar a un acuerdo" respecto a la 'Ley de la Memoria'

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, cree que hay "margen para poder llegar a un acuerdo" con el resto de grupos parlamentarios respecto al Proyecto de Ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que hoy aprobó el Consejo de Ministros. En rueda de prensa, la también ministra de la Presidencia destacó que la norma "permite cerrar con honor para todos un capítulo trágico" de la historia de España.

De la Vega explicó que ayer jueves habló con todos los portavoces parlamentarios y que apreció en "todos" una "muy positiva posición". Según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo tiene esperanzas de poder alcanzar un acuerdo con las fuerzas de izquierdas e incluso, con PNV y CiU.

Respecto al PP, su portavoz Eduardo Zaplana le trasladó a la ministra de la Presidencia, tras escuchar sus explicaciones, que "podía haber margen" para el consenso, según las citadas fuentes, aunque se remitió a un estudio del texto con el líder del partido, Mariano Rajoy.

Bajo la tesis de que el Gobierno es consciente de que la "última palabra" la tiene el Parlamento, De la Vega dio por seguro que habrá "acuerdo" y deseó que fuera "mayoritario", de "todas las fuerzas", para lo que se esforzarán ya que su espíritu es "de conciliación y concordia". El Ejecutivo volverá a hablar con todos los portavoces a finales de agosto.

LOS GOBIERNOS NO ESCRIBEN LA HISTORIA

De la Vega subrayó el "intenso, extenso, exhaustivo y riguroso" trabajo "no siempre fácil" que ha llevado a la aprobación de la norma, que se acompaña de dos informes, el referente a la situación de las víctimas y el relativo a los archivos públicos. "No se trata de rescribir la Historia. Los Gobiernos no la escriben, forman parte de ella. Ello corresponde a los historiadores", dijo la vicepresidenta.

Así, indicó que lo que pretenden es dar cobertura a quienes sienten "vulnerados sus derechos de ciudadanía". Reconoció lo que se ha hecho en estos últimos treinta años y el espíritu de "concordia y de mirada puesta en el futuro". "La tarea del Gobierno es seguir trabajando con el mismo espíritu de conciliación", añadió. Así, subrayó que lo que quiere el Ejecutivo es "reconocer y extender los derechos" de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

CICATRIZAR SIN REABRIR

"Es precisamente la madurez de la sociedad española y su admirable deseo de paz y conciliación lo que nos permite proponer una ley que ayuda a cicatrizar sin reabrir, a sumar y no a dividir, que permite cerrar con honor para todos un capítulo trágico de nuestra historia --indicó--. Para ello, es necesario honrar y recuperar a todos los que padecieron injusticias y agravios: a quienes perdieron la vida, su libertad, también a quienes perdieron la patria al ser empujados a un largo e irreversible exilio".

Por ello, indicó la vicepresidenta, el texto hace referencia a la necesidad de reconocer y ampliar derechos en favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, religiosas durante la guerra civil y la dictadura, promoviendo su "reparación moral y la recuperación de su memoria personal".

Así, la Ley "proclama el carácter injusto de las condenas, las sanciones, la violencia ejercida por motivos políticos e ideológicos" y permite a los damnificados, sus familiares directos, e instituciones públicas el poder solicitar una reparación individual. De esta forma, según admitió De la Vega en la rueda de prensa, la norma permitirá que, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña reclame la reparación moral de Lluís Companys.

LARGO CABALLERO Y PRIETO

En el tema de los símbolos, la Ley establece que los órganos que tengan atribuida la titularidad o la conservación de los monumentos, edificios y lugares de titularidad estatal han de tomar las medidas oportunas para la retirada de los escudos, insignias, placas y otras menciones conmemorativas de la Guerra Civil cuando exalten a uno solo de los bandos enfrentados o se identifiquen con el régimen franquista.

Cuando ello no sea procedente por razones artísticas, arquitectónicas u otras de interés general, se podrá considerar la forma de dar testimonio de homenaje y recuerdo a todas las víctimas de la Guerra Civil.

Al ser preguntada sobre si ello obligaría a retirar estatuas de Francisco Largo Caballero o de Indalecio Prieto, de la Vega argumentó que "no parece" que tengan que estar incluidas "personas que han formado parte de un gobierno democrático". En cualquier caso, añadió, serán las Administraciones las que lo valoren con arreglo a los dos citados criterios y remarcó que no se trata de catalogar qué símbolos han de retirarse y cuáles no. Habrá que valorar, dijo, "cada situación concreta".