De la Vega dice que el denunciante de España ante Estrasburgo recibió en 2008 subvenciones por la Ley de Memoria

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró hoy que la persona que ha denunciado a España en Estrasburgo por su "pasividad" para conocer el paradero de sus familiares fallecidos en la Guerra Civil, recibió el año pasado subvenciones, en el marco de la Ley de Memoria Histórica y este año las ha vuelto a solicitar.

La denuncia contra España ha sido interpuesta por la familia de Luis Dorado, diputado socialista asesinado en 1936, ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y alegan, según publica hoy el diario Público, que "la pasividad del Estado al no esclarecer el paradero del desaparecido o las circunstancias de su muerte, la falta de asistencia a la familia y la ausencia de investigación exhaustiva representan violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

De la Vega dijo que el Ejecutivo desconoce el contenido de esa demanda. "Todavía no nos ha llegados, ni siquiera sabemos si ha sido admitida a trámite", precisó, aunque dijo respetar la decisión de este ciudadano de acudir al Tribunal de Estrasburgo.

No obstante, afirmó que el nieto de Luis Dorado, Antonio Gutiérrez, se ha dirigido a la Administración española "en varias ocasiones y en todas le hemos atendido".

Expuso que el demandante ha solicitado subvenciones varias veces para "proceder, de acuerdo con los criterios de la Ley de Memoria Histórica, a exhumaciones y averiguaciones, tanto en 2008, año en que se le concedió la subvención que había pedido y como en 2009, que está en tramitación y se resolverá en el plazo de unos días".

De la Vega recordó que hay una ley de Memoria Histórica y que el Gobierno está poniendo en marcha la "mayoría" de las medidas contempladas en la Ley. "Hemos puesto en marcha una oficina de atención a las víctimas", apuntó y añadió que "en estos momentos, en lo que más se está avanzando es en los protocolos y acuerdos que en muchos casos son competencia de las CCAA y corporaciones locales para apoyar a las víctimas" en su deseo de averiguación del paradero de sus familiares.

Concluyó afirmando que "el deseo del Gobierno es contribuir a reparar, en el marco de la Ley aprobada en el Parlamento, la memoria personal y familiar de las víctimas que sufrieron las consecuencias de la guerra civil y de la dictadura".